Rosario y Villa Gobernador Gálvez: Otro regalo para Cargill

Nota de opinión

Otro regalo para Cargill

Por Elba Stancich*

El Gobierno de la provincia de Santa Fe y el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Galvez -con excepción de los concejales Luis Sánchez, Marisa Bernal y Roberto Rocha-, siguen premiando a la multinacional Cargill.

La empresa, una de las diez mayores empresas del mundo en comercialización de granos, instalará en esa localidad un complejo industrial donde se procesarán derivados de soja, que contará con capacidad de almacenamiento, playa de estacionamiento y descarga de camiones y un puerto de embarque cuya obra de atraque se introducirá unos 300 metros en el río Paraná.

Primer regalo: 6 de Noviembre de 2003.La rezonificación de lo que el código urbano de Villa Gobernador Gálvez determinaba como área residencial, para transformarla en zona industrial a la medida de la multinacional, sin el estudio de impacto ambiental correspondiente que exige la Ley 11.717 para estos casos.

En la Resolución 0034 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 27 de Mayo de 2004, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, el gobierno de la provincia de Santa Fe advertía a la empresa que, antes del inicio de las operaciones, debía estar habilitado el camino de acceso desde la Autopista Rosario-Buenos Aires hasta el complejo industrial. En el dictamen, el Gobierno de la provincia de Santa Fe resolvía claramente que no se haría "responsable de ningún tipo de erogación dineraria que demande la construcción de las obras previstas".

Segundo regalo: 12 de Noviembre de 2004. El Gobernador Obeid firma el decreto 2327 aprobando el convenio firmado entre Vialidad Provincial y Cargill, donde se compromete a la provincia a invertir casi 8 millones de pesos para acondicionar el tramo vial desde la ruta 21 a la autopista, pero además se autoriza a la empresa al uso de una vía alternativa por si la obra no está concluida.

El emprendimiento, es resistido por vecinos que eligieron esa ventana al río Paraná para vivir en un sitio tranquilo, y en el futuro deberán convivir pegados al complejo agroindustrial que en períodos pico de cosecha recibirá 2.500 camiones por día, en un barrio fragmentado. O bien, tendrán que irse.

Tercer regalo: 17 de Diciembre de 2004. El Concejo de Villa Gobernador Gálvez aprobó el proyecto de extensión de zonificación, que incluye la venta de calles públicas a Cargill.
¿Cuál será el próximo regalo? ¿Seguir allanando el camino para que Argentina llegue a sus 100 millones de toneladas, en la profundización de este modelo agroindustrial expansivo y extractivista, aún comprometiendo nuestros bienes naturales y salud de la población?

¿Es aventurado imaginar más regalos en el futuro? ¿No serían sino allanar el camino para que Argentina llegue a producir los promocionados 100 millones de toneladas de granos, en la profundización de este modelo agroindustrial expansivo y extractivista, a costa de nuestros bienes naturales y salud de la población?.
Contrario a esto, la legislatura santafesina acaba de aprobar en noviembre pasado, un Programa de Manejo Sustentable de Bosques y Pastizales Naturales y una suspensión de desmontes por 180 días prorrogable por el Poder Ejecutivo a 180 días más. Estas sí son buenas medidas para nuestra provincia, y no es un regalo, son nuestros derechos, fruto de los reclamos de numerosas organizaciones de todo el país, para frenNota ar el avance de la soja sobre el monte nativo.

(*) Integrante Taller Ecologista (Rosario)

La Justicia declaró inconstitucional la ley provincial de bosques

Jueves, 23 de Diciembre de 2004 - RESISTENCIA - CHACO - ARGENTINA

La Justicia declaró inconstitucional la ley provincial de bosques

La medida fue dictada por la jueza civil y comercial 6, Iride Grillo, ante un recurso de amparo promovido por comunidades aborígenes de la etnia wichí de las localidades de Nueva Pompeya y Comandancia Frías, dos de las áreas más afectadas por los desmontes.

La demanda judicial fue realizada con el asesoramiento jurídico del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el organismo de la Iglesia Católica que trabaja a favor de las comunidades aborígenes, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del país.

"No se trata de impedir la expansión de la frontera agrícola sino de planificar ese desarrollo, atendiendo lo que se sabe acerca de los cambios climáticos y evitando que los fenómenos que hoy se conocen afecten a las zonas que necesitan ser protegidas, pues los procesos de deterioro ecológico avanzan inexorablemente", señaló la jueza.

"Como bien se sabe, puede ocurrir un poco de todo: desde las inundaciones catastróficas hasta la desertización de las tierras o la pérdida de especies vegetales y animales indispensables para la sustentación del medio ambiente", agregó la magistrada en el fallo, tras precisar que las áreas más afectadas se encuentran en los Departamentos Güemes y Almirante Brown.

Daños ambientales

"Es un fallo histórico. No sólo porque pone freno al grave problema de la deforestación sino también porque establece que el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben consultar a las comunidades indígenas en los temas que las afectan", señaló ayer el coordinador nacional de Endepa, Germán Bournissen.

El funcionario del organismo, que tiene su sede nacional en Resistencia, agregó que, en la provincia, "la tala indiscriminada de los bosques es un proceso relacionado con la venta de tierras fiscales para la producción de soja transgénica", lo cual provoca numerosos daños al medio ambiente y al sistema productivo.

"La ley permitía y profundizaba el riesgo de mayores daños a la biodiversidad de nuestros bosques", señalaron en Endepa. Y destacaron que el fallo judicial no sólo ordena realizar una evaluación ambiental y social por los daños originados sino que, además, establece que el gobierno deberá elaborar y aplicar un plan de "preservación, recomposición y sustentabilidad del bosque nativo del Chaco, con participación de todos los actores interesados".

La demanda judicial -a nombre de las asociaciones comunitarias de Pompeya y Comandancia Frías contra la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia y el Instituto de Colonización- se originó luego de la sanción de la ley de bosques (la Nº 5285), en diciembre de 2003.

Ley "deficiente"

La jueza Grillo calificó como "deficiente" a la ley de bosques y en su fallo advierte sobre "la grave situación de los aborígenes y ocupantes de las zonas geográficamente comprometidas" en la denuncia. La magistrada, según precisa su misma resolución, tomó la decisión en base a estudios técnicos, científicos y académicos.

También citó convenios internacionales de derechos humanos y los artículos vinculados a los pueblos indígenas en las Constituciones nacional y provincial. El artículo 75 de la Constitución nacional establece que el Estado debe asegurar a los pueblos indígenas la participación en la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales.

La jueza sostiene que la ley "no cumplimenta los presupuestos mínimos exigidos para asegurar una gestión ambiental sustentable y adecuada". Y advierte sobre "el impacto ambiental que la prosecución de la tala y el desmonte genera de manera irreversible en los recursos naturales actualmente degradados, provocando la desertificación y un daño ambiental grave, con compromiso para su uso y goce para las generaciones presentes y futuras".

Ecuador: Presidente de Sarayaku, Amazonia de Ecuador, amenazado de muerte

PRESIDENTE DE SARAYAKU AMENAZADO DE MUERTE

Quito, diciembre 22 del 2004.- El día de ayer, martes 21 de diciembre del
2004, aproximadamente, a las 19h00, Marlon Santi, Presidente del Pueblo
Kichwa de Sarayaku y candidato a la Presidencia de la CONAIE, por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE), mientras se encontraba participando en el segundo Congreso de
Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, recibió una llamada del
teléfono (09) 5078-421, cuyo mensaje fue una amenaza de muerte, pues le
dijeron "te vamos a matar".

El día de hoy, a las 08h00, nuevamente recibió una llamada telefónica del
mismo número en la que le indicaron "desiste de tu candidatura porque no vas
a lograr ni 24 horas en el cargo, se te va a acabar la respiración". Dada la
gravedad de estas nuevas amenazas, varias organizaciones de derechos humanos
se han dirigido a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, para poner en conocimiento estos hechos, puesto que tanto
el mencionado dirigente indígena amazónico como su pueblo se encuentran
protegidos por medidas cautelares y provisionales dictadas por estos
organismos regionales.

Estas nuevas amenazas de muerte contra el dirigente kichwa forman parte
de una sistemática persecución en contra de líderes indígenas que se
encuentran luchando por defender sus derechos, como es el caso de Sarayaku y
las nacionalidades shuar y achuar en la defensa de su territorio frente a
los intereses y actividades de las empresas trasnacionales petroleras.
Además, estas amenazas se suman al atentado que sufrió a comienzos de año el
actual Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza.

Llamamos la atención de la opinión pública nacional e internacional, con
la finalidad de mantenernos alerta frente a estas acciones intimidatorias
que pretenden desalentar el libre y transparente proceso que se encuentran
promoviendo los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, así como todo lo
que pueda pasar con la vida y la integridad física y psíquica de los
dirigentes indígenas.

RED ECUATORIANA DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Comité de Gestión

(APDH, AUDITORIA DEMOCRATICA, CDES, CSMM, PIDHDD)


Mayor información Tlfs.: 2529-125, (09) 9447-324, QUITO, ECUADOR

Comunidades enfrentan posible desalojo

QUIEREN SILENCIAR LA VOZ DEL RÍO
Comunidades enfrentan posible desalojo

A poco de realizar un escrache este viernes 17 de diciembre, por las
calles de Buenos Aires, cuando finalizaba la Cumbre Mundial de Cambio
Climático, para denunciar un megaproyecto hidroeléctrico que se planea
construir en la zona del Río Carrenleufú o Corcovado, en la provincia de
Chubut, Argentina, la Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza amaneció hoy con
las denuncias del intendente local, Daniel Toledo, acusándolos de
delincuentes, usurpadores y mentirosos.

La comunidad mapuche Pillán Mahuiza conjuntamente con el Frente en Defensa
del Río Carrenleufú y diversos movimientos populares, realizaron una
manifestación para expresar su preocupación por la construcción de las
represas y que fuese uno de los temas a ser tratados por el gobierno
argentino en el corto plazo.

La Comunidad y los campesinos amenazados de quedar bajo el agua necesitan
el apoyo urgente y expresiones de repudio a la actitud de los funcionarios
locales.

Contactos:
Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza:
02945-1569-2319
Frente en Defensa del Río Carrenleufú:
rioslibres@riseup.net

Organismos oficiales:
defensor@defensor.gov.ar
gobernador@chubut.gov.ar
info@chubut.gov.ar
casachubut@chubut.gov.ar
infopublica@chubut.gov.ar
ministeriogobierno@chubut.gov.ar
iac@chubut.gov.ar
prensa@chubut.gov.ar

Medios de prensa locales:
elchubut-trelew@speedy.com.ar
eloeste@ar.inter.net

Ver más información sobre la situación:
http://www.argentina.indymedia.org/features/medioambiente/

Buenos Aires - Aprobaron el inconstitucional Acuerdo Nuclear con Australia

01.45 DIPUTADOS APROBARON ACUERDO INCONSTITUCIONAL.
GREENPEACE: LA LUCHA RECIÉN COMIENZA

+ + + Greenpeace y más de 300 organizaciones ambientalistas argentinas
anunciaron que no abandonarán su rechazo al Acuerdo Nuclear que
permitirá la importación de residuos nucleares al país: apelarán ante
la justicia. El acuerdo ratificado viola el artículo 41 de la
Constitución. + + +

BUENOS AIRES (16 de Diciembre de 2004).- Greenpeace anunció una activa
campaña de resistencia luego de conocer la aprobación, en el Congreso
Nacional, del Acuerdo Nuclear con Australia, que permitirá el ingreso
de basura nuclear a nuestro país. "Esta lucha recién comienza, no
hemos claudicado antes y ahora no vamos a bajar los brazos hasta que
esta errónea medida sea revisada", anunció la organización
ambientalista.

Siendo la 01.45 de la madrugada de este viernes, Greenpeace hizo notar
que no se votó en forma nominal, tal como lo habían solicitado varios
diputados durante el debate en el recinto. "Fue un grosero gesto de
cobardía: amparándose en la disciplina partidaria y en la votación
anónima, los diputados no se hicieron cargo de sus opiniones en esta
votación histórica", manifestó Juan Carlos Villalonda, director de
Campañas de Greenpeace.

Por otra parte, más de 300 organizaciones ambientalistas no
gubernamentales han repudiado la medida y anunciado que apelarán ante
la Justicia federal. Por ello, Greenpeace advirtió al gobierno de
Australia acerca de la inseguridad jurídica del acuerdo con la
Argentina.

"Cualquier acto que viole las prohibiciones del artículo 41 de la
Constitución Nacional no sólo será un grave error institucional, sino
que además será altamente resistido y de muy difícil concreción",
expresó Villalonga.

"La aprobación del Acuerdo se ha dado en cada uno de sus etapas con
falta de transparencia y buscando su aprobación en las sombras, así
avanzó en el 2001 en el Senado Nacional y ahora se buscó ahora, en el
2004, que el discurso del presidente Kirchner en la Conferencia sobre
Cambio Climático (COP10) distrajera la maniobra que se puso en marcha
en Diputados. La lucha recién comienza, seguiremos peleando para que
esta medida sea revisada", agregó.

El acuerdo fue ratificado hoy, 16 de diciembre, luego de que se
habilitara su tratamiento en las comisiones de Relaciones Exteriores y
Energía. Esta maniobra fue realizada al mismo tiempo que la atención
de los medios internacionales y de las organizaciones ambientalistas
de todo el mundo se centraba en el discurso del Presidente Kirchner en
la COP10, donde destacaba la responsabilidad ambiental de nuestro
país.

"El procedimiento es típico de cómo ha sido todo el proceso de este
Acuerdo, siempre buscando hacerlo en las sombras y a espaldas de la
mirada pública".

El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la promesa
realizada por la empresa rionegrina INVAP de traer los residuos
australianos para ser tratados en Argentina.

Según el constitucionalista Daniel Sabsay, el Acuerdo "infringe de
manera palmaria y manifiesta el claro texto del artículo 41 de la
Constitución nacional".

Greenpeace y otras 300 organizaciones de todo el país difundieron un
documento en la que denuncian la trama de las negociaciones que
condujeron a que Argentina abra sus puertas a la basura nuclear
australiana.

Las organizaciones reclaman "la anulación de toda iniciativa y
compromiso comercial, institucional o político, existente o
proyectado, que tenga por objetivo el ingreso al territorio argentino
de residuos radiactivos conforme lo establece el articulo 41 de la
Constitución nacional".

Buenos Aires - Acuerdo nuclear: activista arrestado

ACTIVISTA ARRESTADO EN IRONICA PROTESTA DE
GREENPEACE EN EL CONGRESO

“PAPA NOEL” SE NIEGA A ENTREGAR A LOS ARGENTINOS EL
REGALO DE NAVIDAD DE LOS DIPUTADOS NACIONALES. FUE
ARRESTADO. HOY EL CONGRESO TRATA EL ACUERDO
NUCLEAR CON AUSTRALIA

+++ En un rápido movimiento los diputados de las comisiones de
Relaciones Exteriores y de Energía habilitaron un dictamen para que
sea tratado en el recinto en el día de hoy. Se trata del cuestionado e
inconstitucional Acuerdo Nuclear con Australia que habilita el
ingreso de residuos nucleares a la Argentina. +++

BUENOS AIRES, 16 de diciembre de 2004.– Mientras el presidente
Néstor Kirchner daba su discurso en la sesión ministerial de la
Cumbre de Cambio Climático en Buenos Aires (COP10), los
diputados nacionales habilitaban hoy el tratamiento en el recinto del
polémico Acuerdo Nuclear con Australia, que implica el ingreso de
residuos radiactivos a la Argentina. Greenpeace protestó en el
Congreso contra esta maniobra y uno de sus activistas fue
arrestado por la policía.

Un miembro de Greenpeace disfrazado de Papá Noel fue arrestado
este jueves a las 08.40 por personal policial, que había vallado el
Congreso. El ecologista es Sebastián Lastra, de 28 años, y la Policía
Federal está por llevarlo a la Comisaría 6ta, en Venezuela 1931.

El activista disfrazado de Papá Noel realizaba esta mañana una
“huelga” simbólica, negándose a repartir “basura nuclear” como
regalo a los argentinos, junto con un cartel alusivo, barriles con
moños simulando residuos radiactivos y una gigantografía de una
“carta” que los diputados le “enviaron” a Papá Noel solicitándole que
la Cámara de Diputados apruebe finalmente el controvertido
Acuerdo con Australia.

Este acuerdo, que lleva más de tres años de demoras en el
Congreso, habilita la introducción de residuos nucleares de origen
australiano a territorio nacional. Este aspecto es el origen de las
polémicas y la fuerte oposición de distintos sectores de la sociedad
argentina dado los riesgos que implica y por violar el artículo 41 de
la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso de residuos
nucleares al territorio argentino.

“Es claramente una maniobra que ha procurado pasar
desapercibida debido a la máxima atención que genera la COP10
entre las organizaciones ambientales argentinas y la prensa
especializada”, explicó Juan Carlos Villalonga, director de campañas
de Greenpeace Argentina. “Todo el proceso relacionado con este
Acuerdo ha seguido la misma lógica, buscar el ocultamiento o evitar
la mirada pública”, agregó.

“Esperamos que las diferentes opiniones que existen en el
Congreso se expresen y no sean inhibidas por la disciplina partidaria
y que los diputados actúen acorde a la visión que expresan
individualmente y se manifiesten de manera contraria al Acuerdo tal
como mayoritariamente lo sostiene la población a la que
representan”, manifestó el ambientalista.

“Existe un claro doble discurso del Presidente, cuando en la COP10
afirmaba la necesidad de fortalecer el desarrollo de las energías
limpias y renovables y al mismo tiempo sus Diputados intentaban
aprobar un Acuerdo que prepara a la Argentina para convertirse en
procesador de residuos nucleares extranjeros”, expresó Villalonga.

Según un informe realizado por el constitucionalista Daniel Sabsay,
el Acuerdo con Australia “infringe de manera palmaria y manifiesta
el claro texto del artículo 41 de la Constitución Nacional".

“Este Acuerdo es un disparate: su Artículo 12 es inaceptable desde
todo punto de vista; ninguna organización se opone a las
exportaciones tecnológicas, lo que estamos pidiendo es un Acuerdo
que no contenga ninguna cláusula que viole la Constitución ni abra
las puertas a la introducción de residuos nucleares”, agregó
Villalonga.

El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la
promesa realizada en Australia por la empresa rionegrina INVAP de
aceptar traer a la Argentina residuos radiactivos para ser tratados en
nuestro país.

Una coalición de más de 300 organizaciones de todo el país han
expresado de manera conjunta que este Acuerdo abre las puertas a
la basura nuclear australiana.

Las organizaciones reclaman "la anulación de toda iniciativa y
compromiso comercial, institucional o político, existente o
proyectado, que tenga por objetivo el ingreso al territorio argentino
de residuos radiactivos conforme lo establece el articulo 41 de la
Constitución nacional".

Buenos Aires - COP 10 / Acuerdo Nuclear: diputados cerca de aprobar ingreso de basura nuclear

URGENTE

En estos momentos, los diputados nacionales quieren aprobar el ingreso de basura nuclear. Llamá ahora mismo a los siguientes legisladores:

Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Oscar Camaño: 011.6310.7100 interno 3504

Presidente del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari: 011.6310.7100 interno 3059

Diputado de la Nación Alberto Agustín Coto (PJ): 011.6310.7100 interno 3012

Diputado de la Nación Fernando Gustavo Chironi (UCR): 011.6310.7100 interno 2811

Diputado de la Nación Federico Pinedo (CC/Macri): 011.6310.7100 interno 2847

Diputado de la Nación Jorge Martín Arturo: 011.6310.7100 interno 3240

Para leer el texto completo ingresa a: www.greenpeace.org.ar

COP 10 / ACUERDO NUCLEAR: DIPUTADOS CERCA DE APROBAR INGRESO
DE BASURA NUCLEAR

INGRESO DE BASURA NUCLEAR A LA ARGENTINA: DIPUTADOS HABILITAN LA APROBACIÓN DE ACUERDO CON AUSTRALIA

+ + + Al inicio del segmento ministerial de la Conferencia sobre Cambio Climático, el
oficialismo habilitó la aprobación del cuestionado e inconstitucional Acuerdo Nuclear
con Australia. + + +

BUENOS AIRES, 15 de diciembre de 2004.- Al mismo tiempo que el presidente
Néstor Kirchner prestaba su discurso inaugural de la sesión ministerial de la Cumbre
de Cambio Climático en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados los legisladores
habilitaban el tratamiento en el recinto del polémico Acuerdo Nuclear con Australia,
que implica el ingreso de residuos radiactivos a la Argentina.

Este acuerdo, que lleva más de tres años de demoras en el Congreso, habilita la
introducción de residuos nucleares de origen australiano a territorio nacional. Este
aspecto es el origen de las polémicas y la fuerte oposición del ambientalismo
argentino dado los riesgos que implica y por violar el articulo 41 de la Constitución
Nacional, que prohíbe el ingreso de residuos nucleares al territorio argentino.

"Es claramente una maniobra que ha procurado pasar desapercibida debido a la
máxima atención que genera la COP10 entre las organizaciones ambientales
argentinas y la prensa especializada", explicó Juan Carlos Villalonga, director de
campañas de Greenpeace Argentina.

"Esperamos que las diferentes opiniones que existen en el Congreso se expresen y
no sean inhibidas por la disciplina partidaria y que los diputados actúen acorde a los
opiniones que expresan individualmente y expresen la opinión contraria al Acuerdo
que mayoritariamente sostiene la población a la que representan", manifestó el
ambientalista.

Las organizaciones no gubernamentales reunidas en la COP10 han reaccionado
frente a esta maniobra y alertaron a la opinión pública de las intenciones de los
diputados, básicamente de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión
presidido por el diputado nacional Jorge Arguello (PJ).

Asimismo, el dictamen fue impulsado en la reunión conjunta por los diputados
Alberto Coto (PJ), Fernando Chironi (UCR) y Federico Pinedo (macrista).

"Es paradójico, cuando en la COP10 el Presidente afirmaba la necesidad de
fortalecer el desarrollo de las energías limpias y renovables, el Parlamento intenta
aprobar un Acuerdo que prepara a la Argentina para convertirse en procesador de
residuos nucleares extranjeros", expresó Villalonga.

"Es un disparate este Acuerdo: su Artículo 12 es inaceptable desde todo punto de
vista, ninguna organización se opone a las exportaciones tecnológicas, lo que
estamos pidiendo es un Acuerdo nuclear que no contenga ninguna cláusula que
viole la Constitución ni abra las puertas a la introducción de residuos nucleares",
agregó.

El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la promesa realizada en
Australia por la empresa rionegrina INVAP de aceptar traer a la Argentina residuos
radiactivos para ser tratados.

Según un informe realizado por el constitucionalista Daniel Sabsay, el Acuerdo con
Australia "infringe de manera palmaria y manifiesta el claro texto del artículo 41 de la
Constitución nacional".

Una coalición de más de 300 organizaciones de todo el país han expresado de
manera conjunta este Acuerdo que abre las puertas a la basura nuclear australiana.

Las organizaciones reclaman "la anulación de toda iniciativa y compromiso
comercial, institucional o político, existente o proyectado, que tenga por objetivo el
ingreso al territorio argentino de residuos radiactivos conforme lo establece el
articulo 41 de la Constitución nacional".

POR MAYOR INFORMACIÓN
+ Juan Carlos Villalonga (director de Campañas) 1551094166
+ Mariana Walter (campaña de Energía) 1553695142
+ Oscar Soria (director de Comunicación) 1554670694
+ Gonzalo Girolami (coordinador de prensa) 1551090786
+ Oficina de Prensa de Greenpeace 4962.0404 (internos 120 y 122)

Buenos Aires - COP10: Presentan libro sobre impacto ambiental de represas

COP 10. Patrick Mc Cully, su autor, estará en Buenos Aires hasta el sábado

Presentan libro sobre daños ambientales generados por represas

"Las represas emiten gas metano y dióxido de carbono, dos de los denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante toda su vida útil. Sin embargo los gobiernos suelen argumentar que se trata de obras amigables con la naturaleza. Eso es falso". Con estas palabras el escocés Patrick Mc Cully, autor del libro Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas, presentó en Buenos Aires su obra recientemente traducida al español. El libro fue editado por Jorge Cappato, director de la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, y presentado ayer en el Jardín Botánico de la ciudad, con al auspicio de la Coalición Ríos Vivos, el Taller Ecologista de Rosario y la Federación Amigos de la Tierra, Argentina, en el marco de las actividades paralelas a la COP 10 que 187 ONG´s ambientalistas realizan en la ciudad.

McCully, es miembro de International Rivers Network (IRN) –Red de Ríos Internacionales, una ONG que trabaja para detener obras destructivas en los ríos y promover proyectos de desarrollo alternativos que permitan conservar la vida silvestre-, fue coeditor del conocido ¨The Ecologist¨, y ha escrito numerosos artículos sobre las represas, políticas de agua y energía, rol de la sociedad civil, instituciones financieras internacionales y cambio climático. Es licenciado en Arqueología y Antropología, Universidad de Nottingham.

"La construcción de represas atrae jugosos subsidios del estado y eso es una razón para que se siga adelante con el mito de las bondades de este tipo de obras. Su vida útil es de no más de sesenta años pero los daños provocados en la naturaleza para construirlas son irreparables. A lo largo de toda su vida emitirán gases de efecto invernadero, en base a la masa vegetal que se deposita en los embalses y que libera dióxido de carbono y gas metano. Cuando se llenan las represas se inundan amplias superficies y la descomposición de los vegetales libera esos gases. Y por supuesto que es mucho más notorio en zonas subtropicales que en las frías. El efecto sobre el cambio climático es directo. Eso está demostrado en el estudio que se realizó en más de cuarenta represas de las 47 mil que existen en todo el mundo", indicó Mc Cully durante su conferencia ante un centenar de asistentes. "Si bien el auge de las represas se dio a mediados de la década de 1970 y ahora su pico máximo de construcción llega apenas a la mitad de aquellos años, existe de parte de los productores de estas mega obras un intento por volver a instalarse con fuerza, gracias a los millonarios subsidios que toman de los estados", aseguró el especialista.

Junto a Mc Cully, participaron de la mesa el editor Jorge Cappato, Elba Stansich, del Taller Ecologista de Rosario y la mapuche Moira Millán.

Stansich destacó la falacia de los funcionarios públicos planteando a las represas como "obras de orgullo nacional, sin observar que la energía generada es renovable pero no implica sustentabilidad. Estas obras nos dan energía durante algunos años al costo de destruir la naturaleza para siempre. Solamente la cuenca lata del Paraná tiene 43 represas", señaló Stansich. "Ahora los gobiernos de Argentina y Paraguay decidieron elevar la cota de Yacyretá de 76 a 83 metros con la excusa de que es necesaria más energía. Eso es una falacia y los daños seguirán: el presupuesto nacional 2005 aprobado por el Congreso ya destinó más de cien millones de los seiscientos necesarios para terminar la represa, y con la suba de la cota la inundación alcanzará a 57 mil hectárea más", aseguró. Stansich también denunció los intentos oficiales por reflotar la construcción de la represas de Corpus y Garaví, con Paraguay y Brasil respectivamente.

Moira Millán, quien denunció el avance de los gobiernos nacional y provincial de Chubut para licitar y construir un grupo de seis represas sobre el río Carrenleufú, y cuyo principal interesado es el Grupo Santander de España, para abastecer de energía eléctrica a Chile y la planta de aluminio Aluar. Las consecuencias, según Millán, será el desalojo de las familias mapuches de la zona y la inundación de casi treinta mil hectáreas de valle chubutense.

Buenos Aires - COP10: Presentan plan pra desarrollar la energía eólica en dos años

PRESENTAN PLAN PARA DESARROLLAR LA ENERGIA EOLICA EN DOS AÑOS

EMPRESARIOS Y ECOLOGISTAS PIDEN AL GOBIERNO LANZAR UN PROGRAMA EÓLICO

+++ EMPRESAS DEL SECTOR EÓLICO DICEN QUE ES
POSIBLE DESARROLLAR 300 MW EN TRES AÑOS Y HACEN
SU PROPUESTA ANTE LA FALTA DE POLÍTICAS EN MATERIA
DE FUENTES RENOVABLES DEL GOBIERNO NACIONAL. +++

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2004.- En el marco de
la Cumbre Climática (COP10) que se desarrolla en Buenos
Aires, la Cámara de Generadores Eólicos (CADGE) junto a
Greenpeace y otras organizaciones presentaron un informe
donde se propone el desarrollo de unos 300 MW de potencia
eólica para el año 2007. "Este es un primer paso para que
la energía eólica despegue en Argentina y podamos
desarrollar una industria local basada en esta fuente de
energía limpia y renovable".

"Lo que estamos presentando es un primer paso para que el
país pueda cumplir con sus compromisos internacionales en
materia de energías renovables", explicaron los autores de
la propuesta. Argentina ha adoptado el compromiso de
alcanzar de manera conjunta con los países de la región el
10% de su matriz energética en base a energías renovables
y ha presentado este año el compromiso de alcanzar el 8%
de la generación eléctrica en el 2013 en base a estas
fuentes de energía. "Todavía esos compromisos no se
traducen en políticas concretas", señaló Pablo Bertinat, del
Taller Ecologista, una de las organizaciones que apoyaron la
propuesta de la CADGE.

Según el estudio es posible alcanzar la potencia de 300 MW
de energía eólica tan sólo garantizando una remuneración
para los aerogeneradores cuyos fondos pueden ser
obtenidos del propio mercado eléctrico. "Por un lado, la
actualización de la ley nacional eólica y por otro,
estableciendo un aporte para el desarrollo eólico que puede
surgir de la tarifa eléctrica con un impacto mínimo para los
usuarios", explicó Fernando Petrucci, vocero de la CADGE.

Los montos totales del aporte especial, presuponiendo una
evolución de las tarifas del mercado eléctrico
conservadoras, serían de un total de 300 millones de
dólares a lo largo de 10 años. "Una cifra baja comparada
con otras inversiones que el Estado planea realizar en el
área energética", explicó Villalonga de Greenpeace
Argentina. "Con ese aporte se obtienen los 300 MW y el
despegue de una industria nacional que permitirá cumplir
objetivos de crecimiento mucho más ambiciosos en los años
siguientes".

"El Gobierno debe establecer políticas sustentables
congruentes con la preocupación de la población por el
ambiente y el interés por las fuentes de energía limpia.
Para el desarrollo de éstas, debe definirse un mercado que
sea sustentable y atractivo para las inversiones." explicó
Petrucci.

Entre las medidas señaladas como claves por los autores
del proyecto se destacan la garantía de compra de la
energía producida por los aerogeneradores conectados a los
mercados mayoristas o destinados a servicios públicos; la
actualización de la Ley Nacional Eólica y las provinciales y,
la medida esencial del programa, la introducción de un
Aporte para el Desarrollo de la energía eólica que garantice
una remuneración de US$ 70 por kWh durante un período
de 10 años a partir de la puesta en marcha de los proyectos
comprendidos en este Programa.

"Argentina, que supo estar a la vanguardia de este
desarrollo y que posee capacidades técnicas más que
suficientes y recursos extraordinarios, ha quedado
estancada en esta materia", agregaron los representantes
de la industria eólica. "Es momento de recuperar el
protagonismo en este rubro, es esencial para diversificar la
matriz energética, mejorar en materia de emisiones que
afectan el clima y conservar recursos energéticos no
renovables", señalaron los expertos.

La CADGE nuclea a cooperativas eléctricas que operan
generadores eólicos en unos 10 sitios diferentes en 5
provincias y a las empresas dedicadas a proveer de
insumos y servicios al sector.

Buenos Aires - COP10: ONGs lanzan plataforma energética. Denuncian que la crisis energética fue producida por las empresas

COP 10 / ONG´S LANZAN PLATAFORMA ENERGETICA

Denuncian que la crisis energética fue producida por las empresas

Buenos Aires, 11 de diciembre.- "Detrás la crisis energética regional estan los intereses de las empresas. No existe una cooperación regional en esta materia, sino una integración desde los negocios de las empresas", con estas palabras la chilena Sara Larraín, del Programa Cono Sur Sustentable, definió los actuales lineamientos que rigen las políticas energéticas regionales. "La crisis que padecimos recientemente es fruto de la falta de interés de parte de las empresas en los subsidios ofrecidos por los estados. No les alcanzan, necesitan seguir extrayendo fondos al estado y dejan caer las redes energéticas", agregó. Larraín planteó la necesidad de "utilizar la energía como motor del desarrollo y no apenas como un instrumento del mercado. La energía es un derecho de los pueblos y tenemos que ira hacia la idea de soberanía energética".

Las definiciones de la ex candidata presidencial chilena en 1999, se dieron en el marco del lanzamiento de la propuesta de Plataforma energética regional, en el foro paralelo a la COP 10 que se desarrolla en Buenos Aires y que las ONG´s llevan adelante en el Hotel Bauen, de Capital Federal.

A su turno, Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política de Chile, describió el concepto de "electricidad verde, como energía generada a partir de fuentes de energía renovables cuya producción ha sido realizada en forma sustentable" y explicó la experiencia que se lleva adelante en Chile a pocos kilómetros de la cuestionada Represa de Falco, en el alto Bio Bio, y destacó que los costos son más económicos de lo que muchos suponen, "si bien requieren de coordinación en los esfuerzos por instalar energía limpia".

Ivonne Yanez, de Oil Watch, de Colombia, graficó las dificultades por las que atraviesan numerosas comunidades nativas en toda América del Sur sometidas al arbitrio de las compañías petroleras trasnacionales y en muchos casos la complicidad de los gobiernos. "Los diferentes Tratados de Libre Comercio se están convirtiendo en megaconstituciones que encierran legalmente a los gobiernos con cláusulas contrapuestas a las leyes nacionales", aseguró, antes de volver a plantear la moratoria petrolera, "una propuesta que ya hicimos en la COP 6, mucho antes del protocolo de Kyoto".

Hildebrando Velez, de CENSAT, Colombia, "destacó la necesidad de trabajar por una nueva institucionalidad basada en la fortaleza de los movimientos sociales para demostrar a los políticos que no podrán seguir gobernando si no se convierten en ambientalistas".

El argentino Pablo Bertinat, de Taller Ecologista de Rosario, se mostró escéptico en relación a los anuncios del gobierno argentino poniendo en marcha la empresa estatal de energía Enarsa. "Queremos que la empresas de energía sean públicas, pero que tambien tengan una finalidad social y no apenas de mercado. Enarsa parece interesante, pero aún no se sabe cual será la política de la empresa", finalizó.

El llamamiento a un Foro Social Energético, planteando los conceptos de soberanía y desarrollo sustentable en materia de energía para la región, fueron apoyados por los panelistas y el centenar de asistentes que siguieron con atención las exposiciones.

Buenos Aires - COP10: Las represas contribuyen al cambio climático

COP10 Patrick M Cully disertó sobre represas en la Rural

"Las represas emiten gases de efecto invernadero y afectan el cambio climático"

Buenos Aires, 11 de diciembre.-"Aún persiste la creencia extendida de que las represas son amigables con el cambio climático. Sin embargo todos los casos estudiados indican que emiten Gas Efecto Invernadero (GEI) que provienen de la descomposición de los vegetales cuando se produce el llenado de la represa. En los primeros años esa emisión es más fuerte, 58 veces más que las producidas por las centrales de gas. Sin embargo, durante toda la vida útil de la represa habrá emisiones de gas metano y dióxido de carbono". De esta forma el escocés Patrick Mc Cully, un especialista en el estudio de las represas en todo el mundo y autor del libro Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas, explicó las consecuencias de estas obras de infraestructura. Agregó que el auge de estas mega obras se dio a mediados de 1970 y en todo el mundo hay actualmente 45 mil represas utilizadas por las centrales hidroeléctricas. "Si bien hoy están en descenso, siguen siendo negocio para las constructoras por los subsidios que obtienen de parte de los estados", aseguró.

Mc Cully disertó en la noche del sábado como invitado del encuentro oficial de la COP 10 que se desarrolla en el predio de la Rural, en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

Este lunes a las 14, Mc Cully brindará una conferencia en el aula magna de la Escuela de Jardinería en el Jardín Botánico Municipal, en la avenida Las Heras y Sarmiento, presentando la versión traducida al español de su libro Ríos Silenciados, cuya edición corrió por cuenta de Jorge Cappato. Junto a Mc Cully, estarán presentes Moira Millán, de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, amenazados por la construcción de una represa en el río Carrenleufú; el ingeniero Elías Díaz Peña, de la organización Sobrevivencia de Paraguay y especialista en represas en América del Sur; Elba Stansich, directora del Taller Ecologista de Rosario, autora junto a Díaz Peña de varios documentos sobre las consecuencias socioambientales de la construcción de represas en América del Sur, y Jorge Cappato, editor del libro de Mc Cully y director de la Fundación Proteger. Organiza el encuentro la Federación Amigos de la Tierra, Argentina.

Argentina: Ambientalistas reclaman al gobierno nacional un inmediato cambio de la política energética: "el Gobierno no puede continuar con un doble discurso"

Ambientalistas reclaman al gobierno nacional un inmediato cambio de la política energética: "el Gobierno no puede continuar con un doble discurso"

Más de cien organizaciones ambientalistas nucleadas en el "Foro del Buen Ayre" le reclamaron al Gobierno Nacional que deje atrás "el doble discurso" y adopte en forma "inmediata" un cambio en su política energética.

BUENOS AIRES, 3 de diciembre de 2004 - Las entidades hicieron público este reclamo en vísperas de la apertura de la X Reunión de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP 10), que sesionará en Buenos Aires a partir del próximo lunes.

En particular, las ONG criticaron la política gubernamental enfocada "en una mayor dependencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear sin políticas activas para desarrollar las energías limpias".

Al mismo tiempo, denunciaron -en un documento conjunto distribuido esta semana- que "la inacción del Gobierno para detener la deforestación en el Noroeste del país que incrementa notablemente las emisiones que afectan el clima".

"Necesitamos una política firme de desarrollo de las energías renovables", reclamaron las organizaciones en el documento emitido por el "Foro del Buen Ayre", coalición de más de 100 organizaciones que siguen las negociaciones sobre el cambio climático.

"Se debe comenzar hoy por ratificar en el parlamento las metas para el desarrollo de las energías renovables ya comprometidas ante la región y el mundo, y asumir una política integral de apoyo al desarrollo de nuevas fuentes renovables", señaló el documento emitido por las ONG.

Además, las organizaciones sostuvieron que "el Gobierno no puede continuar con un doble discurso en el que asume la adopción de metas en renovables ante la comunidad internacional y promueve una agenda local basada en los combustibles fósiles".

El documento elaborado por las organizaciones nacionales que participarán de la Cumbre Climática en Buenos Aires señalaron la necesidad de activar el desarrollo de las energías renovables en la Argentina y criticaron la intención oficial de concluir la central nuclear de Atucha II señalando que no se trata de "energía limpia". En este sentido, reclamaron que el país abandone "su apuesta energética a la energía nuclear y se debe abocar al desarrollo del enorme potencial que posee para las energías renovables".

Las organizaciones también pusieron el acento en uno de los temas candentes de la agenda ambiental nacional, los desmontes de bosque nativo en el noroeste del país, ya que este proceso representa un aumento significativo de emisiones de gases que provocan el calentamiento global.

"Se deben detener inmediatamente los desmontes y procurar que las provincias que hoy los sufren establezcan, urgentemente, con la participación de la sociedad civil, planes de ordenamiento territorial que aseguren la preservación de los bosques nativos, su biodiversidad y el uso del suelo con criterios de sustentabilidad".

"Estamos señalando que el país no está adoptando políticas acordes a sus compromisos en materia climática", explicó Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.

"Debemos entender que tenemos muy poco tiempo para cambiar una peligrosa tendencia que nos lleva a que el cambio climático sea catastrófico y para revertir esa tendencia todos los países deben actuar responsablemente, agregó Villalonga".

La COP10, que se realizará en Buenos Aires desde el 6 al 17 de diciembre, se ha convertido en una reunión que ha despertado grandes expectativas dada la reciente ratificación de Rusia al Protocolo de Kioto.

A partir de la ratificación de Rusia, el Protocolo entrará en vigencia en el próximo mes de febrero. Los ambientalistas consideraron "muy positiva" la entrada en vigencia del Protocolo y expresaron su deseo de que "en Buenos Aires se den los pasos necesarios para su eficaz implementación a fin de generar una fuerte presión sobre Estados Unidos para que se una al Protocolo lo antes posible".

Estados Unidos, el mayor emisor de gases que provocan el calentamiento global, no ha ratificado aún dicho acuerdo internacional.

Las organizaciones argentinas señalaron que el Protocolo de Kioto establece metas de reducción muy limitadas: "sólo estamos dando un pequeño primer paso que deberá ser profundizado en los años venideros".

El Protocolo de Kioto establece una meta de reducción del 5,2% de las emisiones de los países industrializados para el período 2008-2012 en relación a las emisiones del año 1990. En los próximos años se deberá negociar las nuevas metas de reducción a aplicarse para la segunda década de este siglo.

"Esperamos que en Buenos Aires se inicien las negociaciones que conduzcan a la definición de las pautas que deberán cumplirse en el Segundo Período de Compromiso. Período en que deberán establecerse nuevas metas de reducción para el mundo industrializado y la incorporación de nuevos países en el sistema de reducción de emisiones", expresaron las ONGs argentinas.

Según el vocero de Greenpeace, "desde una perspectiva moral, legal y práctica, los costos iniciales de la reducción de emisiones deben recaer en los países industrializados. Se requieren reducciones de al menos el 30% en relación con los niveles del año 1990 (año base de referencia elegido en el Protocolo de Kioto) para el 2020 en los países industrializados, con metas de reducción de al menos el 75% para mediados de siglo".

En tanto que, globalmente, según señala Greenpeace, "necesitamos llevar el total de emisiones a los niveles del año 1990 para el año 2020 y luego reducirlos en un 50% para mediados del siglo. Esto significa que economías que hoy tienen una rápida industrialización como China, india, México, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Malasia y otros, como Argentina, necesitan reducir sus emisiones pronto".

Actividades del Taller Ecologista y otras organizaciones dentro de la COP10

Entre Ríos : Reflotar Paraná Medio es una inciativa suicida e ignorante

"Reflotar Paraná Medio es una iniciativa suicida e ignorante"

El Foro Ecologista de Paraná señaló que los funcionarios que intenten reactivar proyectos que han sido rechazados por la sociedad civil en su conjunto porque ponen en peligro, directamente, la continuidad de la vida en la región, "deberán pagar el más alto costo político por su traición e irresponsabilidad", y pidió al gobernador un posicionamiento "fuerte y claro" frente a la iniciativa correntina de reflotar el proyecto de construcción de la represa Paraná Medio

El subsecretario de Asuntos Municipales de Corrientes, Rodolfo Fernández, anunció a la prensa que esta semana elevará al ministerio de Obras y Servicios Públicos de esa provincia una iniciativa para reflotar el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Paraná Medio. Según informó el diario digital correntino Momarandú, medio de consulta en temas políticos, Fernández ya inició conversaciones sobre el tema con su par de la provincia del Chaco, Sergio Vallejos.

A raíz de los anuncios de Fernández, que en sus declaraciones atribuyó al "fundamentalismo ecológico" la interrupción del proyecto, el Foro Ecologista de Paraná señaló que "existiendo una ley antirepresas en Entre Ríos, esto constituye una insolencia política y una puesta en escena de la más absoluta prepotencia. El estilo que Fernández impone a su decir es el mismo que los funcionarios e ideólogos del hemisferio norte utilizan para anunciar, como lo han hecho, que están en un proceso de erradicación y traslado de industrias sucias a tierras lejanas. Sólo que en el caso del funcionario correntino, esto involucra, además, la invasión y el desconocimiento del territorio y los procesos históricos entrerrianos".

La iniciativa de construcción de la represa Paraná Medio, que tiene antecedentes desde la década del 80, fue frenada en 1997 cuando la legislatura de Entre Ríos impidió por ley la construcción de represas en todo el territorio provincial. La propagación de enfermedades endémicas –esquistosomiasis, malaria, cólera y dengue, entre otras–, la pérdida de grandes extensiones de tierra y ecosistemas únicos en el mundo y el desalojo de grandes cantidades de población fueron, entre otros, los motivos que llevaron a la sociedad civil en general y a las organizaciones ambientalistas en particular a oponer un rechazo categórico al proyecto.

"Resulta más seria aún la ignorancia de la propuesta teniendo en cuenta que no sólo ya no se construyen represas en los ríos de llanuras a causa de los resultados de destrucción y altísimos costos de reparación al entorno que han provocado, si no que a las ya construidas, en los llamados países del primer mundo, hoy se les anuncian procesos de desmantelamiento", señaló la ong local. "Estos funcionarios están decidiendo la suerte de pueblos enteros desde una pobrísima intelectualidad y una exagerada ignorancia", indicó el Foro, y advirtió que Fernández, "lo mismo que cualquier otro funcionario al que se le ocurra impulsar proyectos que han sido rechazados por la sociedad civil en su conjunto porque ponen en peligro, directamente, la continuidad de la vida en la región, tendrán que pagar el más alto costo político por su traición e irresponsabilidad".

En este sentido, desde la organización ecologista se señaló que "deberían existir mecanismos institucionales que responsabilicen estos desatinos, sobre todo cuando involucran semejantes costos socioculturales y ambienatales. Estamos hablando de potenciales eliminaciones masivas de poblaciones y de sus condiciones de vida en estos lugares del mundo, con el sólo fin de producir energía para alimentar a los procesos de traslado de la industria sucia anunciados a comienzo de la década del 90".

Finalmente, el Foro Ecologista de Paraná recordó que "el mundo discute hoy mucho más donde y cómo va a ser posible la vida que la dimensión de las ganancias, porque el mundo hoy sabe como nunca que la fragilidad sobre la que se sostiene puede estar llegando a sus límites", y solicitó al gobernador de la provincia, Jorge Busti, una posición "clara y fuerte" respecto a las declaraciones públicas del funcionario correntino.

Misiones: Proyecto de ley contra transgénicos

PROVINCIA DE MISIONES

CAMARA DE REPRESENTANTES
PROYECTO DE LEY

LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1: Prohíbese en todo el territorio de la provincia
de Misiones la producción, venta y/o comercialización de todo tipo de productos transgénicos u OGM (Organismos Genéticamente Modificados).

Artículo 2: A los efectos del cumplimiento de la presente Ley
entiéndase por transgènicos u organismos genéticamente modificados a los alimentos elaborados mediante técnicas de ingeniería genética, con materia prima vegetales o animales genéticamente modificados.

Artículo 3: Se consideran productos genéticamente modificados
a las semillas, plantas, productos en las góndolas, productos de laboratorio para farmacología, animales para consumo humano o transplantes e insecticidas (BT Bacilus Turigiencis).

Artículo 4: Dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la
promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo Provincial convocará a todos los sectores de producción y de conservación del Medio Ambiente de la provincia para que fijen los criterios por los cuales se reglamentará la presente ley y determinarán la Autoridad de Aplicación de la misma.(1)

Artículo 5: La autoridad de aplicación de la presente ley,
en un plazo no mayor de 30 días de la reglamentación de sus funciones, deberá establecer las estrategias, los canales de denuncia ecológica que lleven a la protección efectiva de las familias rurales y urbanas de la provincia, como así también las estrategias de producción en un marco autosustentable.

Artículo 6: la Autoridad de Aplicación de la presente ley
establecerá, clarificará y determinará un régimen de responsabilidades y sanciones para los productores, vendedores y comercializadores de los productos Transgénicos u OGM, que no cumplan con los requisitos impuestos por la presente, como así también establecerá mecanismos de resolución de controversias que protejan efectivamente los derechos de las familias rurales y consumidores afectados. Estos mecanismos deberán cubrir responsabilidades por daños ambientales, socioeconómicos y culturales.(2)

Artículo 7: De forma.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Los alimentos genéticamente modificados son organismos que han sido manipulados en laboratorio para modificar algunas de sus características específicas: así trans-gen es cuando se transfiere al ADN de un organismo un gen de otro organismo de su misma especie o distinta no emparentada, lo que implica que desarrollan particularidades que no presentarían habitual o normalmente, y a partir de éstos nuevos organismos se elaboran alimentos transgénicos, los que se pueden clasificar en tres grupos:
* Organismos sometidos a ingeniería genética que se pueden utilizar como alimentos.
* Alimentos que contienen un aditivo derivado de un organismo sometido a ingeniería genética.
* Alimentos que se han elaborado utilizando un producto auxiliar sometido a ingeniería genética para el procesamiento (enzima).


A través de la historia el hombre ha utilizado la biotecnología para producir sus alimentos, desde la elaboración del pan hasta la producción de bebidas alcohólicas. La biotecnología implica utilizar microorganismos para realizar la función de fermentación, es decir, utilizar un hongo (levadura) o una bacteria para que un producto natural se transforme, previa fermentación, en otro producto natural nuevo, como por ejemplo el pan, el yogurt, el vino. Esto es cultura y propiedad de los campesinos.
Sin embargo, hablar de la biotecnología actual es hablar de una variedad de técnicas derivadas de la biotecnología molecular y celular, la que tiene su nacimiento en 1953 cuando Watson y Crack descubrieron la estructura del ácido desoxiribonucleico (ADN) que contiene el código genético de todos los seres vivos. Apenas 40 años después, en l993 se libera el primer organismo transgénico de consumo humano, conocido como tomate LV (Larga Vida) Luego de esto, comienzan a ingresar al mercado maíz, soja, algodón, papa, etc , con diversas modificaciones y atributos genéticos por especie. Esto no es cultura ni propiedad de los campesinos.
Hoy la población consume muchos alimentos sin la protección suficiente ya que se carece de instrumentos de regulación adecuados, sin que se adopten resguardos preventivos necesarios que aseguren el acceso a la información apropiada sobre los alimentos a los que accede la población.
Actualmente existen en comercialización o en procesos de desarrollo vegetales modificados para:
a) Que tengan una vida comercial más larga.
b) Que resistan condiciones ambientales agresivas como heladas, sequías, suelos salinos etc.
c) Que resistan la aplicación de herbicidas.
d) Que resistan enfermedades.
e) Que tengan una mayor cualidad nutritiva.

En el contexto de una controversia internacional sobre los riesgos sanitarios del consumo humano de alimentos transgénicos, agudizada al máximo por la confirmación y en muchos aspectos la multiplicación de preocupaciones científicas al respecto, que en Argentina, segundo productor mundial de cultivos genéticamente modificados , la mayoría de los alimentos procesados disponible en supermercados contenga ingredientes de soja tolerante al glifosato y que los excedentes de la actual cosecha récord de esta leguminosa transgénica se repartan caritativamente a millones de habitantes empobrecidos y hambrientos, constituyen hechos sumamente cuestionables desde los puntos de vista nutricional, toxicológico, epidemiológico, ecológico, político y cultural, ya que sus consecuencias podrían comprometer la salud de las actuales y futuras generaciones de argentinos.
Pese al cúmulo de anuncios en los medios masivos y las revistas científicas que garantizan que "todo está bien" con la revolución biotecnológica, creemos que este caso ilustra perfectamente la forma en que las empresas promueven el uso de tecnologías pobremente experimentadas e inadecuadamente investigadas, insistiendo en que nos corresponde al resto probar que son peligrosas antes de poder frenarlas. Simultáneamente, estas corporaciones también rehúsan asumir responsabilidades, de modo que si terminan resultando ser peligrosas, será otro el que tenga que pagar los costos de reparación. Pero así como la sociedad no requiere un defensor para probar su inocencia, tampoco debe exigirse que sean los detractores de una tecnología que tengan que probar que es nociva .
Es a los que quieren introducir algo nuevo a quienes corresponde probar que es seguro, y no con certeza sino por encima de toda duda razonable. Las empresas aseveran haber comprobado que el consumo humano de alimentos derivados de cultivos modificados mediante ingeniería genética es seguro, cuando en realidad, lo que hicieron es fracasar en probar que es inseguro, En realidad no les interesa probarlo.
Debemos agregar que la enorme difusión local del cultivo de soja RR convirtió al glifosato en el herbicida más vendido del país, hecho adicionalmente inquietante, ya que recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes refutan su "benignidad toxicológica". Sabemos que son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las
técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre la salud humana y el medioambiente. Pero también sabemos que los inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para su registro y aprobación fueron procesados legalmente por incurrir en prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos, omisión de informes sobre defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos. Por lo tanto, la información existente respecto de la concentración residual de glifosato de alimentos y sus impactos sanitarios es poco confiable y sumamente escasa. Exponer a la población misionera (argentina) a los efectos nocivos de este herbicida constituye una grave irresponsabilidad, ya que los estudios de toxicidad citados revelaron efectos adversos en todas las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la mayoría de las dosis ensayadas: toxicidad sub-aguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas; aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis (aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas machos y de cáncer tiroideo en hembras). Pero como si ello no bastara, a semejante desafío epidemiológico ahora se suma la constatación de que el alerta sanitario emitido recientemente por la OMS respecto de la presencia de archilamida tóxica en alimentos está relacionado causalmente con el glifosato. El hallazgo tuvo una repercusión masiva porque la archilamida es un potente tóxico neural en humanos y también afecta la función reproductiva masculina y causa malformaciones congénitas y cáncer en animales. Las evidencias parecen indicar con precisión que la acrilamida es liberada por la poliacrilamida ambiental, cuya fuente principal se halla en las fórmulas herbicidas en base a glifosato. La cocción de vegetales que han estado expuestos al glifosato utilizado en cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, o usados durante la preparación del suelo en cultivos convencionales resultaría en una adicional liberación de archilamida.
Debemos realizar además unas pocas consideraciones éticas con respecto a la producción de alimentos transgénicos: Siempre que los cultivos transgénicos sigan estrechamente el paradigma de los pesticidas, los productos biotecnológicos reforzaran el espiral de los pesticidas en los agroecositemas, legitimando así las preocupaciones que tantos científicos han expresado con respecto a los posibles riesgos medioambientales de organismos genéticamente modificados. De acuerdo a varios autores, los riesgos ecológicos más serios que presenta el uso comercial de cultivos transgénicos son (Rissler y Mellon 1996; Krimsky y Wrubel 1996):
" La expansión de los cultivos transgénicos amenaza la diversidad genética por la simplificación de los sistemas de cultivos y la promoción de la erosión genética;
" La potencial transferencia de genes de Cultivos Resistentes a Herbicidas (CRHs) a variedades silvestres o parientes semidomesticados pueden crear supermalezas;
" CRHs voluntarios se transformarían subsecuentemente en malezas;
" El traslado horizontal vector-mediado de genes y la recombinación para crear nuevas razas patogénicas de bacteria;
" Recombinación de vectores que generan variedades del virus mas nocivas, sobre todo en plantas transgénicas diseñadas para resistencia viral en base a genes vírales;
" Las plagas de insectos desarrollarán rápidamente resistencia a los cultivos que contienen la toxina de Bt;
" El uso masivo de la toxina de Bt en cultivos puede desencadenar interacciones potencialmente negativas que afecten procesos ecológicos y a organismos benéficos.
De todos modos, está al alcance de los señores legisladores conocer lo que cualquier ciudadano MEDIANAMENTE INFORMADO puede entender: depender de los monocultivos genéticamente modificados puede acarrear la ruina a miles de personas y alterar desastrosamente la economía de un país: " …en el agro, el futuro ya no es lo que era …..mientras la soja, que en abril había superado los 10 dólares el bushel (equivalente a 360 dólares la tonelada) ahora está en 5,50'. Una caída del 50 %. El maíz cayó casi en la misma proporción. La única razón por la que los mercados podrían recuperarse es la que menos se desea: que la sequía en Sudamérica lleve al Departamento de Agricultura de los E:E:U:U a bajar sus estimaciones sobre la cosecha del MERCOSUR. Así, habrá precio, pero no producción. A los botes"
Los cultivos modificados genéticamente fabricados por las grandes compañías plantean riesgos ecológicos graves. Cultivos como la soja Roundup Ready de Monsanto, diseñada para ser resistente a los herbicidas, comportan la destrucción de la biodiversidad y el incremento en el uso de productos agroquímicos. También pueden crear "superhierbas", altamente invasivas, al transferirse hacia otras malas hierbas los genes de la resistencia a los herbicidas. Los cultivos diseñados para ser fábricas de pesticidas, modificados genéticamente para producir toxinas y venenos a partir de genes extraídos de bacterias, escorpiones, serpientes y avispas, pueden ser una amenaza para especies que no constituyen plaga alguna y pueden contribuir a que las propias plagas se vuelvan resistentes, con lo cual se crearían "superplagas". Con cada aplicación de la ingeniería genética se roba comida a otras especies con el fin de maximizar los beneficios empresariales.
Para asegurarse patentes sobre formas de vida y recursos vivos, las grandes compañías se ven obligadas a reclamar las semillas y las plantas como "invenciones" suyas, y por consiguiente, como algo de su propiedad. Así, compañías como Cargill y Monsanto consideran que tanto el tejido de la vida como los ciclos de renovación de la naturaleza suponen un "robo" de su propiedad. Durante el debate que suscitó la entrada de Cargill en la India en 1992. El presidente de Cargill afirmò :"A los agricultores indios les traemos tecnologías inteligentes, que impiden que las abejas les usurpen el polen" (Entrevista a John Hamilton, Sunday Observer, 9 de mayo de l993)
Durante las negociaciones del Protocolo de Bioseguridad de las Naciones Unidas, Monsanto distribuyó folletos en los que se afirmaba que "las malas hierbas roban la luz del sol" (Hendrik Verfaillie, discurso pronunciado en el "Forum on Natures and Human Society", Washington, DC, Nacional Academy of Sciences, 30 de octubre de l997) Una visión del mundo en la que se define la polinización como "un robo por parte de las abejas" y en la que se afirma que las plantas "roban" la luz del sol está destinada a robar de la naturaleza sustituyendo variedades abiertas y polinizadas por híbridos y semillas estériles, y destruyendo la flora biodiversa con herbicidas como el Roundup de Monsanto.
A fines de los 80, una publicación de Monsanto indicaba que la biotecnología revolucionaría la agricultura en el futuro con productos basados en los métodos propios de la naturaleza, haciendo que el sistema agrícola sea más amigable para el medio ambiente y más provechoso para el agricultor (OTA, 1992). Más aún, se proporcionarían plantas con defensas genéticas autoincorporadas contra insectos y patógenos. Desde entonces, muchas otros han prometido varias otras recompensas que la biotecnología puede brindar a través del mejoramiento de cultivos. El dilema ético es que muchas de estas promesas son infundadas y muchas de las ventajas o beneficios de la biotecnología no han podido o no han sido hechos realidad. Aunque es claro que la biotecnología puede ayudar a mejorar la agricultura, dada su actual orientación, la biotecnología promete mas bien daños al medio ambiente, una mayor industrialización de la agricultura y una intrusión mas profunda de intereses privados en la investigación del sector público. Hasta ahora la dominación económica y política de las corporaciones multinacionales en la agenda de desarrollo agrícola ha tenido éxito a expensas de los intereses de los consumidores, campesinos, pequeñas fincas familiares, la vida silvestre y el medio ambiente.
Es urgente para la sociedad civil tener y una mayor participación en las decisiones tecnológicas para que el dominio que ejercen los intereses corporativos sobre la investigación científica sea balanceado por un control público más estricto. Las organizaciones públicas nacionales e internacionales tales como FAO, CGIAR, etc., tendrán que monitorear y controlar que los conocimientos aplicados no sean propiedad del sector privado para proteger que tal conocimiento continúe en el dominio público para beneficio de las sociedades rurales. Debe desarrollarse regímenes de regulación controlados públicamente y emplearlos para monitorear y evaluar los riesgos sociales y ambientales de los productos de la biotecnología (Webber, 1990).
Debemos asegurar que las alternativas agroecológicas no sean ignoradas y que sólo se investiguen y desarrollen aspectos biotecnológicos ecológicamente aceptables. Ha llegado el momento de enfrentar efectivamente el reto y la realidad de la ingeniería genética. Como ha sido con los pesticidas, las compañías de biotecnología deben sentir el impacto de los movimientos ambientalistas, laborales y campesinos de modo que reorienten su trabajo para el beneficio de toda la sociedad y la naturaleza. El futuro de la investigación con base en la biotecnología estará determinado por relaciones de poder y no hay razón para que los agricultores y el pueblo en general, si se le da suficiente poder, no puedan influir en la dirección de la biotecnología a fin de que cumpla con las metas de sostenibilidad de la biodiversidad, de respeto a las culturas agrícolas.
Finalizando, en una provincia como la nuestra, con la biodiversidad más grande de la república, los transgénicos representan una amenaza a nuestro sistema de vida, a nuestras características, a nuestra propia razón de ser, toda vez que, como se desprende de lo expuesto precedentemente NO HAY ABSOLUTAMENTE NINGUNA CERTEZA DE LA SUPUESTA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS TRANSGENICOS. Se argumentaba, ha