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Cambio Climático: los desafíos de la ciudad y la región

Taller Ecologista y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario invitan a participar del seminario Cambio Climático: los desafíos de la ciudad y la región ha realizarse el 7 y 8 de agosto de 2008. Inscripción gratuita.

El Cambio Climático ha sido una realidad a lo largo de toda la historia; las variaciones climáticas han existido en el pasado, y seguirán existiendo como consecuencia de diferentes fenómenos naturales. Sin embargo, a pesar de que el clima del planeta cambia en forma constante, nunca hasta ahora había alcanzado un ritmo tan acelerado como en la actualidad, ni había sido consecuencia de las interferencias humanas.

Este cambio se plantea hoy como el principal desafío global al que nos enfrentamos.

¿Cuál es la realidad del Cambio Climático, qué efectos ya se están produciendo y qué se espera para el futuro en la región?

¿Cuáles serán sus principales impactos?

¿Qué respuestas se debería dar desde la educación y la formación profesional?

¿Qué relación existe entre las políticas públicas urbanas y rurales y la lucha contra el Cambio Climático?

¿Cuales deberían ser las medidas a tomar en diferentes áreas?

Estas cuestiones, entre otras, serán los puntos de partida que planteamos para abrir un debate necesario: qué es lo que debemos hacer para afrontar esta nueva realidad, y cuáles son sus principales desafíos en la región.

Programa de actividades

Taller 1: Perspectiva e impactos del cambio climático en la región

Se espera analizar los impactos del cambio climático sobre el ambiente físico de la región. Se plantea realizar una revisión de los cambios que ya se están produciendo y los que se espera que ocurran. Esto abarca diversas áreas desde el ambiente físico hasta las consecuencias sociales y económicas esperadas. También se plantea, a través de la introducción al debate sobre la justicia ambiental y en particular la justicia climática, trabajar la temática de los afectados por el cambio climático.

Taller 2: El cambio climático y las políticas públicas urbanas

Se plantea debatir acerca de los impactos del cambio climático sobre las ciudades y los mecanismos con que desde las políticas públicas urbanas se puede hacer frente a ello. En este marco se planea debatir sobre movilidad sostenible, sobre la relación entre el proceso de urbanización y el cambio climático así como avanzar en delinear propuestas y alternativas frente al mismo desde las políticas locales

Taller 3: El cambio climático, la educación y la formación profesional

¿Es suficiente la incorporación actual de las temáticas de cambio climático en la curriculas educativas de los diversos niveles? ¿De qué manera debiera trabajarse esta temática?¿Cuáles son las implicancias en la formación tanto de áreas técnicas como humanísticas?

Taller 4: Desarrollo agrícola, energía y adaptación al cambio climático

Se plantea trabajar la relación entre el modelo de producción agropecuario y el cambio climático, sus aportes en la profundización o en la búsqueda de solución del problema.

Se analizará también, la relación entre la producción y el consumo de energía y este fenómeno apuntando a la propuesta de alternativas. Se trabajará respecto a las políticas de adaptación propuestas

Dirigido a:

Docentes, estudiantes, profesionales de las diversas áreas, organizamos públicos, organizaciones no gubernamentales, empresas.

Lugar: UTN - Facultad regional Rosario - Zeballos 1341 (Rosario)

Inscripción gratuita:

Agradecemos completar el presente formulario y remitirlo a seu@frro.utn.edu.ar, infoseu@frro.utn.edu.ar o energia@taller.org.ar Descargar formulario aquí

Organizan: Taller Ecologista - Programa Argentina Sustentable - Observatorio de Energía y Sustentabilidad - Universidad Tecnológica Nacional
Apoya: Fundación Heinrich Böll
Auspicia: Municipalidad de Rosario

 
Taller sobre “Sustancias Químicas: Riesgos, Control y Prevención”

Taller Ecologista de Rosario, junto a la asociación civil ambientalista Verde Esperanza de Fray Luis Beltrán  invitan a participar del Taller sobre “Sustancias Químicas: Riesgos, Control y Prevención”

Día: 5 de Julio de 2008

Horario: de 9 a 15 hs.

Lugar: Escuela Nº 6392 “Carlos Javier Benielli ” Barrio Bouchard” , San Lorenzo

Disertante: Lic. Silvia Oliviero

Objetivo: precisar los riesgos químicos a los que la población del cordón industrial está expuesta, buscando disipar dudas sobre la percepción que la misma tiene, sobre lo ficticio y o real al respecto. Buscando conceptualizar la diferencia entre amenaza, peligro, riesgo. De esta forma se podrán definir las primeras líneas de acción para prevenir, mitigar por ejemplo, cualquier accidente químico. Este taller está destinado a vecinos del cordón industrial.

Programa:
9 a 9.15: presentación.
9.15 a  10.15: Introducción a la gestión de sustancias químicas: Enfoque de Ciclo de Vida y Principio Precautorio. Derecho a Saber. Marco regulatorio vigente.
10.15 a 11: Riesgos a la salud y medio ambiente  por exposición a productos químicos: Factores de exposición, rutas ingreso y distribución en el organismo, tipos de daño. Efectos adversos sobre el medio ambiente. Límites Permisibles y Parámetros ambientales. Sistema de Clasificación Internacionales (IARC, OMS, TSCA, REACH)  
11 a 11.15: refrigerio.
11.15 a 12.15: Prevención y Control: Minimización, Eliminación, Sustitución e Información. Sistemas de identificación y etiquetado. Programa de Monitoreo Ambiental.   
12.15  a 13: refrigerio.
13 a 15.30. : Trabajo práctico: Análisis de Caso de Escape de Sustancia Química con Riesgo de Explosión.

Inscripción: info@taller.org.ar
Límite: 4 de julio

 
Jornada: “Desarrollo, ambiente y salud: dilemas y desafíos”
 

Los vecinos autoconvocados “Basta de cáncer”, invitan a participar de la jornada de capacitación organizada junto a Taller Ecologista: “Desarrollo, ambiente y salud: dilemas y desafíos”. A llevarse a cabo el sábado 28/06/08 a las 14:00 hs en la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” Belgrano 540, Arroyo Seco.

Esta capacitación tiene como objetivo general la sensibilización social sobre la importancia de un desarrollo provisto de las condiciones de trabajo saludables, sustentables y de las prácticas rutinarias correctas y seguras para el ambiente. Como así también fortalecer la detección de las enfermedades y los accidentes de trabajo rural, como además las formas de abordajes clínico, epidemiológico y comunitario. Estará a cargo de:

  • Lic. (Mg.) María Alejandra Silva

  • Médica Generalista Cintia Mansilla

Modalidad

Será una actividad presencial. Se parte de analizar un video sobre las consecuencias sociales, ambientales, y económicas del modelo de producción agropecuaria…el disparador servirá para reflexionar sobre la naturaleza riesgosa de todo desarrollo y su impacto ambiental y sanitario sostenidos por una “cultura que naturaliza” los riesgos que imposibilita su diagnóstico y prevención…

Se profundizará sobre el rol del Estado Nacional, provincial y local para hacer frente al daño ambiental y en la salud.

También se analizará el papel de la comunidad en la vigilancia de las condiciones de riesgo ambiental y en la salud.

Se prevé que la duración aproximada de la capacitación será de tres horas con un intervalo en el medio.

Destinatarios

  • Funcionarios del poder legislativo y ejecutivo.

  • Trabajadores de la salud: médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, promotores de salud, profesores, investigadores del área salud.

  • Profesionales de la agronomía y la veterinaria.

  • Abogados

  • Representantes de organizaciones sociales y comerciantes

Confirmar asistencia con anticipación a los teléfonos 03402 428937 (Marta) y Bruno hasta el día 25/06/08.

para más información:

e-mail: info@taller.org.ar

Contacto: Ing. Cecilia Bianco

 
Incendios en las islas. Causas y consecuencias

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Panel debate
Incendios en las islas. Causas y consecuencias

Panelistas:
Elba Stancich (Taller Ecologista)
Juan José Noste (Vice – decano Facultad de Veterinaria UNR)

Coordinación:
Yanina Palacio (Movimiento Cooperativo)

Jueves 26 de junio, 19:30

Centro Cultural de la Cooperación
San Martín 1371 – Rosario
Entrada libre y gratuita

Organiza C.C.C. Rosario y Taller Ecologista

 
 
“Las tierras agrícolas podrían sufrir desertificación o salinización”
 

Rosario, jueves 29 de junio de 2008. Taller Ecologista presentó ayer dos nuevos trabajos sobre Cambio Climático: el informe Impactos regionales asociados al cambio climático y el dossier Hoy es Mañana. Aspectos esenciales sobre el cambio climático.  

Impactos regionales asociados al cambio climático es un documento que sistematiza la información oficial existente sobre los impactos del Cambio Climático en el Cono Sur. Este relevamiento pone a la luz información clave para conocer el estado de situación presente y el panorama futuro en la región, con el objetivo de señalar las necesidades en políticas públicas para afrontar los efectos del Cambio Climático. En este material se analizan los potenciales impactos sobre los ecosistemas naturales, los recursos hídricos, la producción de alimentos, los sistemas costeros, los asentamientos humanos y la salud.
“Entre los impactos potenciales más preocupantes podemos decir que se espera que el 50% de las tierras agrícolas muy probablemente estén expuestos a salinización y desertificación en  algunas regiones para el 2050. Se espera también una significativa pérdida de hábitat y extinciones de especies en muchas áreas tropicales de América Latina, incluyendo selvas y bosques, así como riesgos para la salud debido al estrés por calor y a cambios en los patrones de comportamiento de los vectores transmisores de enfermedades, una baja en la calidad del agua, e impactos en zonas costeras como el estuario del Río de la Plata”, especificó Pablo Bertinat, coordinador del área Energía de Taller Ecologista. “Estos impactos, en muchos casos, ya se están produciendo. Y necesitan de políticas activas para la adaptación a los mismos como para la mitigación de las causas que los están produciendo”.

Hoy es Mañana. Aspectos esenciales sobre el cambio climático, es una publicación realizada en base a las conclusiones más recientes divulgadas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, a través de los documentos de síntesis del Cuarto Informe (2007), que constituye la evaluación científica más integral y actualizada sobre el cambio climático pasado, presente, y futuro. Este trabajo expone asimismo el posicionamiento de organizaciones sobre distintos aspectos básicos vinculados con el Cambio Climático.

“Desde finales del siglo XIX”, se señala en el capítulo de apertura de este documento, “la temperatura media global ha aumentado 0,6 grados centígrados (ºC): se estima que la velocidad y duración de este calentamiento durante el siglo XX ha sido mayor que en cualquier período durante los últimos mil años. Del mismo modo, la década del 90 está considerada hasta hoy como la más calurosa del último milenio”.

“Aún cuando el aumento real sea el mínimo previsto, será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años”, indica la Secretaría para la Convención sobre Cambio Climático, y este calentamiento atmosférico constituye un problema “moderno”: “es complicado, afecta a todo el mundo y se entremezcla con cuestiones difíciles como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico. No será fácil resolverlo. Ignorarlo, sería todavía peor”. En el mejor de los casos, sentencian, los “cambios serán difíciles y perturbadores”

 
¿Quién responde por los riesgos ambientales?

Organizaciones ecologistas de Rosario y Paraná reclamaron un ordenamiento territorial de las islas que permita finalizar con los incendios.

Rosario, Paraná, 16 de abril de 2008–. “El avance de la soja ha desplazado pasturas, y la zona de islas del Delta del Paraná se ha convertido en una región ganadera”, resumieron desde el Taller Ecologista (Rosario) y la organización M´Bigua, Justicia y Ciudadanía Ambiental (Paraná).

“En el caso de Entre Ríos, el mismo gobierno contribuyó a la modificación del uso de nuestros humedales a través de la promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales”, señaló Diego Rodríguez, especializado en derecho ambiental de M´Bigua. El principal cuestionamiento de las organizaciones ciudadanas es que esta Ley se sancionó sin realizar un estudio con respecto a sus posibles impactos, y de esta manera se perdió una gran oportunidad tomar medidas que apuntaran a la conservación de estos humedales.

La ley 9.603, sancionada en diciembre de 2004, somete a un Régimen de Arrendamientos a todas las islas fiscales de la provincia de Entre Ríos. En su cuarto artículo, la norma establece que los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o a aquellas vinculadas a proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.

No se puede suspender lo que está prohibido.

Si bien la Ley provincial 9291 establece las pautas para la quema y delega la competencia a la Dirección de Recursos Naturales para determinar cuando pueden efectuarse en todo el territorio provincial, la situación es diferente en la zona de islas fiscales. Los contratos suscriptos por la provincia de Entre Ríos con quienes se han incorporado al sistema de arrendamientos que estipula la Ley 9.603, establece taxativamente la prohibición de “desmonte, tala o quema de pastizales y todo tipo de forestación”.

Hoy, en el Departamento Victoria hay arrendadas cerca de 111.000 hectáreas a 108 arrendatarios: 35 de ellos son santafesinos, y cinco tienen domicilio en la ciudad de Rosario. Del resto, la mayoría son entrerrianos, principalmente del Departamento Victoria.

Para Elba Stancich, coodinadora del Taller Ecologista, “es al menos confuso decir que se suspenderán las quemas por dos meses de manera general, ya que en algunas zonas están prohibidas. Lo que deberían hacer las autoridades es detectar los responsables y en el caso de ser arrendatarios, rescindirles el contrato”.

Los riesgos ambientales de las decisiones políticas.

Toda política ambiental supone la adopción de decisiones que introducen nuevos riesgos en la sociedad, y la aceptación de esos riesgos, al igual que su gestión, dependerá de un nuevo acuerdo entre todos los actores involucrados. En ese sentido, las organizaciones ciudadanas señalan que en materia ambiental hay que tener en cuenta que los riesgos tienen características especiales:

  1. No encuentran limitaciones espaciales ni temporales. Es decir: una decisión adoptada en el año 2006 por el Estado entrerriano, al permitir un uso en zona de islas sin el debido control, puede causar consecuencias irremediables mucho tiempo después y en otras zonas ajenas a la involucrada en la decisión.

  2. No se subsumen a las reglas normales de responsabilidad. Por el trágico hecho ocurrido, por ejemplo, se derivan responsabilidades para: el concesionario de la autopista a causa del incumplimiento de la prestación del servicio en condiciones adecuadas; para el órgano de control por la falta de control en la calidad de la prestación del servicio; para el gobierno de Entre Ríos por la falta de control sobre el uso del fuego en zonas de islas en forma repetitiva; para el arrendatario del campo por la práctica de una medida prohibida como es el uso del fuego y para los posibles conductores que no obraron con la debida cautela en el manejo de los vehículos, etc.

  3. Por último, es esencial considerar la imposibilidad de recomposición del daño: estamos frente a una tragedia en la que se han perdido vidas humanas, además de los daños materiales y la destrucción del humedal, con el menoscabo de las funciones ambientales que presta para toda la sociedad.

“Las decisiones sobre qué tipo de gestión se va a adoptar para un ecosistema determinado impacta directamente en múltiples aspectos de nuestra vida en sociedad y la mayor responsabilidad de un gobierno democrático es, precisamente, la administración de éstos riesgos para evitar las consecuencias nocivas y los daños irrecuperables”, sostuvieron las organizaciones.

“Los lamentables hechos ocurridos en la Ruta Nº 9”, señalaron finalmente, “dejan en claro una vez más la necesidad de revisar el uso que merecen nuestros humedales y la adopción de medidas urgentes” (1).

 

Ver Documento “Quemar por Dinero II”

 

info@taller.org.ar
www.taller.org.ar

 

(1) Algunas de las principales medidas propuestas por las organizaciones civiles son:

1) Reformular el proceso de arrendamiento de las islas públicas iniciado por la provincia de Entre Ríos.

Este régimen requiere una revisión y análisis de su pertinencia, teniendo en cuenta el marco establecido por la Ley N° 25.675 en lo que respecta al ordenamiento ambiental y al proceso de evaluación de impacto ambiental, con especial consideración de la emergencia ambiental del bosque nativo declarada por la provincia de Entre Ríos.

2) Recategorizar como provincial a la zona de humedales actualmente declarada como área natural protegida por ordenanza de la municipalidad de Victoria, de acuerdo al Proyecto de Ley obrante en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, conforme a lo dispuesto por Ley Provincial Nº 8967.

Esta recategorización a nivel provincial, eventualmente, se puede realizar con vistas a la incorporación de este ecosistema al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de lo dispuesto por la Ley Nº 22.351. O bien, a través de convenios con la Administración de Parques Nacionales, que permitan el trabajo conjunto de la provincia de Entre Ríos con el Estado Nacional, entendiendo que este organismo nacional es el mejor capacitado a nivel nacional en materia de gestión de áreas naturales.

3) Aplicar los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos, que destaca la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales en sitios de humedales.

Finalmente se debe tener presente, la diversidad de iniciativas de textos constitucionales que propician la incorporación para su protección, del sistema de humedales del río Paraná Inferior, en la Constitución de Entre Ríos, lo que es un contundente llamado de atención que nos convoca a todos, sociedad y Estado, a una gestión sustentable y participada del valle de inundación del río Paraná, pero también de manera conjunta entre las provincias involucradas territorialmente.

M´Biguá, Justicia y Ciudadanía Ambiental – Taller Ecologista

Abril de 2008.

 
El agua como derecho humano es de interés municipal

En la sesión ordinaria del jueves 27 de marzo, el Concejo Municipal de Rosario aprobó, por unanimidad, el proyecto de la concejala Mariana Alonso que declara de Interés Municipal a la campaña “Iniciativa por el Agua como un Derecho Humano” y la resolución de adherir a la misma.

Esta iniciativa popular, a través de la adhesión de los ciudadanos con su firma, promueve la inclusión del Agua en la Constitución de la Provincia de Santa Fe como un Derecho Humano Fundamental y la sanción de una ley provincial que regule su gestión sustentable e integral. Esta es una campaña impulsada por el proyecto Gota a Gota el Agua se Agota de Scouts de Argentina, Taller Ecologista, Unión de Usuarios y Consumidores, A.D.S., Multisectorial de Santa Fe por el Derecho al Agua y además, cuenta con el apoyo de ATTAC, Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos de Argentina, Ejercicio Ciudadano, CEFEDER y La Comuna. La adhesión del Concejo Municipal se realizó en el marco de la celebración por el día Mundial del Agua, 22 de marzo.

Esta iniciativa contempla los siguientes puntos:

  • El acceso al agua para satisfacción de las necesidades básicas en cantidad y calidad adecuada, como derecho humano esencial, social, universal, indivisible e imprescriptible.

  • El derecho a la seguridad de que se brinde agua y saneamiento según las normas de la Organización Mundial de la Salud sin ningún tipo de discriminación ni dobles estándares entre países, zonas, ciudades, grupos sociales, raciales o religiosos.

  • El derecho a la información y la educación de los ciudadanos que asegure una mejor utilización del agua, reduciendo el derroche y aumentando el compromiso de la comunidad con el ambiente.

  • La cuenca hidrográfica es la unidad básica de gestión de los recursos hídricos y éstos tienen usos y funciones múltiples y tal característica deberá ser adecuadamente atendida, respetando el ciclo hidrológico, y favoreciendo siempre en primera instancia el uso para consumo de la población humana.

  • El derecho al financiamiento público, entendiendo al agua como bien común de la humanidad y al saneamiento como elemento esencial de la salud pública que no pueden ser mercantilizados.

  • El derecho a la participación democrática en las decisiones sobre políticas y proyectos de desarrollo sanitario respetando las características socio-culturales.

Para descargar la planilla de firmas hace clic aquí.

 
Documento de la Asamblea Popular No a la Represa de Corpus

Ante las gestiones y preacuerdos anunciados por los gobiernos de la región, sobre la construcción de nuevas represas en los ríos Paraná y Uruguay, entre ellas, Corpus Christi, Garabí, Santa María y Roncador, nosotros ciudadanos de distintas localidades de Misiones, tomamos la decisión de constituirnos en la “Asamblea Popular No a la Represa de Corpus”.

Elegimos este día, 14 de Marzo, para presentar al pueblo de Misiones y a las autoridades de los tres poderes del Estado, los fundamentos y propósitos de nuestra acción. Cada año se conmemora, en esta fecha, el "Día Mundial de Acción sobre las Represas y a favor de los Ríos, el Agua y la Vida" según fue establecido en el “Primer Encuentro Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas", que culminó con la Declaración de Curitiba Brasil (1997). Allí los afectados por las grandes represas, de más de 20 países, denunciaron los enormes impactos sociales y ambientales, llamaron a una moratoria internacional y reclamaron la reparación de los daños ocasionados.

Los ciudadanos que integramos la “Asamblea Popular No a la Represa de Corpus”, nos oponemos a la construcción de esta represa cualquiera sea su lugar de emplazamiento en el Río Paraná, ratificando la voluntad popular de profundo rechazo (89 % de los electores) expresada en el plebiscito obligatorio y vinculante del 14 de abril de 1996, Ley 3.294/96.

Manifestamos nuestra preocupación por la actitud de los gobiernos nacional y provincial, de contrariar la voluntad popular y avanzar en el proceso, eludiendo la obligación de informar sobre las gestiones a favor de las megarrepresas.

Rechazamos un nuevo plebiscito y reclamamos el derecho a la información en cumplimiento del art. 41 (CN) y las leyes que reglamentan su ejercicio: Ley General del Ambiente-Bien Jurídicamente Protegido, que consagra el derecho a la información ambiental y a la participación ciudadana, Ley de diversidad Biológica, etc. En el ejercicio de este derecho, y en el deber ciudadano constitucional de defender el Bien Común, rechazamos la construcción de nuevas represas sobre la base de los fundamentos presentados en este documento y exigimos a los poderes del Estado, el cumplimiento de los derechos consagrados.

Leer documento completo

 
Policía brasileña reprime a mujeres campesinas para defender plantaciones forestales de empresa sueco-finlandesa Stora Enso
Movimiento Mundial por los Bosques

 

La empresa sueco-finlandesa Stora Enso ha comprado y establecido plantaciones de eucalipto en el estado de Rio Grande do Sul dentro de la zona de frontera con Uruguay. Ese hecho implica que la empresa ha actuado ilegalmente, violado disposiciones legales que prohíben la adquisición de tierras por extranjeros en zonas de frontera ubicadas en una faja de 150 kms del país limítrofe.

Para denunciar esta situación, 900 mujeres integrantes de la Vía Campesina ocuparon el 4 de marzo –en el marco de la semana del Día Internacional de la Mujer- un predio de 2000 hectáreas de Stora Enso ubicado dentro de dicha franja fronteriza. El propósito de la ocupación era denunciar la apropiación ilegal de territorio brasileño para el establecimiento de los agronegocios y sus monocultivos y por la defensa de la soberanía alimentaria.

Rápidamente llegó la respuesta represiva, que a través de un contingente de la Brigada Militar que, siguiendo órdenes de la gobernadora del estado de Rio Grande do Sul Yeda Crusius, no escatimó golpes, humillaciones, destrucción y hasta prisión. 800 mujeres fueron detenidas y separadas de sus hijos pequeños a los que hicieron tirarse en el piso con las manos sobre la cabeza; más de 50 mujeres están heridas. Los campamentos fueron destruidos y las herramientas de trabajo confiscadas.

La rapidez de la reacción del gobierno de Rio Grande en apoyo a Stora Enso se explica en gran parte por el hecho de que la campaña electoral de la actual gobernadora fue en parte financiada (según datos oficiales del Tribunal Superior Electoral), por las empresas de celulosa Aracruz, Votorantim y ... Stora Enso. Los favores se pagan, aunque ello implique la represión y criminalización de mujeres y niños que luchan por la soberanía alimentaria presente y para las generaciones futuras.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales repudia la acción violenta del Estado en alianza con Stora Enso y se solidariza con las mujeres de la Vía Campesina que, como ellas mismas lo dicen, cargan consigo “la energía y el coraje de miles de campesinas que en todo el mundo luchan contra la mercantilización de las riquezas naturales y de la vida”.

Invitamos a quienes quieran expresar su repudio, a que lo hagan enviando una carta a la gobernadora Yeda Crusius. Su correo es: gabinete-governadora@gg.rs.gov.br. (copiamos abajo una carta tipo para facilitar la acción).

Para expresar la solidaridad con las mujeres de la Vía Campesina, pueden escribirles a la siguiente dirección: mstrs@mst.org.br

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Carta Tipo
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Estimada Sra. Gobernadora:

Quien suscribe quiere hacerle llegar su repudio por la acción violenta llevada a cabo recientemente por el Estado en alianza con la empresa sueco finlandesa Stora Enso y se solidariza con las mujeres de la Vía Campesina que fueron reprimidas violentamente por denunciar la apropiación ilegal de territorio brasileño para el establecimiento de los agronegocios y sus monocultivos y por la defensa de la soberanía alimentaria.

Repudiamos el hecho de que un contingente de la Brigada Militar siguiendo sus órdenes haya golpeado, humillado y detenido a  mujeres, niños y niñas que se manifestaban contra la “mercantilización de las riquezas naturales y de la vida” en el Estado de Rio Grande do Sul.

Repudiamos el hecho de que se criminalicen las acciones pacíficas tendientes a denunciar la adquisición ilegal de tierras por parte de empresas extranjeras y defender la soberania alimentaria presente y para las generaciones futuras.

En espera de sus noticias, le saluda muy atentamente

FIRMA

Fuente: Movimiento Mundial por los Bosques, Uruguay
http://www.wrm.org.uy

 
Resurgimiento de casos de fiebre amarilla y utilización de plaguicidas
Red de Acción en Plaguicidas de América Latina. RAPAL

 

El resurgimiento de casos de fiebre amarilla en las Republicas de Brasil y Paraguay, y que quizás se extienda a la Argentina, tiene su correlato con decisiones y prácticas insertas en las políticas sanitarias, como por ejemplo las campañas de vacunación, pero indudablemente la misma se halla relacionada con la recreación de condiciones que hacen más favorable la supervivencia del mosquito transmisor -.Aedes aegypti -

Es probable que el resurgimiento de los casos se relacione con un incremento en la poblaciones de mosquitos y esto sí tiene múltiples elementos causales.

En primer lugar una mayor cantidad de mosquitos se relaciona con la existencia de condiciones propicias para la reproducción; fuentes de agua en espacios abiertos, y temperaturas adecuadas. En este caso existen en la mayoría de los países del Cono sur una gran cantidad de espejos de agua desde los simples zanjas y charcos, indicadores de deficiencias en el suministro de agua potable y el saneamiento, hasta grandes represas hidroeléctricas.

Por otra parte a causa del cambio climático se evidencia en la región un incremento en las temperaturas estivales que favorecen la reproducción de los insectos.

En caso de Paraguay, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en conferencia de prensa, refirieron como una de las causas de la aparición de esta enfermedad típicamente selvática en zonas urbanas, al gran incendio ocurrido en vastas zonas del norte del país en el mes de septiembre pasado, que movilizó el hábitat de los vectores y trasmisores primarios. Dicho incendio, fue presumiblemente originado en campos de ganaderos, que queman en esa época sus pastizales. Los daños al ambiente son de una magnitud incalculable, cuyas consecuencias, con el avance de la fiebre amarilla ya se están empezando a sentir.

¿Cuales son estas condiciones y como se relacionan con el uso de plaguicidas?

Se han recreado condiciones que han impactado en los enemigos naturales de estos mosquitos. A nadie escapa que en los países de la región se asiste a un incremento permanente del monocultivo de soja, expansión que va de la mano de la deforestación. Modelo sojero que se basa en la utilización de semillas trangénicas, la utilización de herbicidas, fundamentalmente el glifosato e insecticidas como el endosulfan. En este caso en la Argentina se utilizan más de 160 millones de litros de glifosato y cerca de 4 millones de litros de Endosulfan al año. Indudablemente estas aplicaciones, más en las áreas cercanas a los cursos de agua, poseen su impacto en el ambiente, en especial sobre los organismos vivientes. Investigaciones científicas dan cuenta del impacto de la aplicación, aislado o conjunto, de los plaguicidas glifosato, endosulfan y clorpirifos sobre peces y anfibios, justamente los enemigos naturales de los mosquitos.

Por otra parte las clásicas y uniformes lucha contra los vectores de enfermedades basada en la aplicación sistemática de plaguicidas ha contribuido a la generación de resistencias en los insectos. Los éxitos iniciales en las campañas llevaron a pensar en que la aplicación de dosis frecuentes y crecientes de plaguicidas era suficiente.

Los insectos son capaces de resistir a los plaguicidas a partir de dos mecanismos, ambos de transmisión genética; por un lado la detoxificación, la capacidad de ruptura de la molécula de los plaguicidas junto a la existencia de estructuras morfológicas más duras - el exoesqueleto o cutícula - que impide la entrada de los mismos. En este caso cuando se aplica continuamente el mismo plaguicida una proporción de insectos muere, mientras que otros organismos de la misma especie son capaces de resistir y de transmitir esa condición a sus descendientes. Si tenemos en cuenta la cantidad de huevos que ponen los mosquitos y a la posibilidad de existencia de varias generaciones al año, esa proporción de insectos resistentes se amplia año tras año.

De esta manera en la actualidad el insecto responsable de la transmisión de la malaria es resistente a las dosis normales de insecticidas del tipo piretroide.

Entonces al darse condiciones climáticas propicias para el crecimiento y desarrollo de los insectos vectores, si merma la cantidad de enemigos naturales y además se recrean condiciones de resistencias a los plaguicidas más utilizados se producen una sinergia que puede explicar el resurgimiento de la fiebre amarilla.

El análisis sería incompleto sino se analiza las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones más expuestas. Por un lado, las deficiencias en el saneamiento y el aprovisionamiento de agua de las poblaciones, especialmente las rurales, determinan no solo dificultades para el abastecimiento de agua sino condiciones sanitarias inadecuadas para la eliminación de desechos.

También en este caso las condiciones de las viviendas, en la mayoría de los casos muy precarias, además sin mosquiteros o protección contra mosquitos, facilitan el acercamiento de los vectores a las personas.

¿Ahora bien cuales son las alternativas para manejar esta situación?

En primer lugar pensar que el incremento en las poblaciones de insectos y con ello del desarrollo de las enfermedades se halla influido por múltiples factores y que centrar la táctica de control en el control químico del vector resulta en un enfoque restrictivo e ineficaz.

Por el contrario, se requiere tomar el problema de manera integral y sistemática., incorporando elementos de orden social, geográfico, ambiental y cultural en las estrategias de manejo.

Resulta obvio que el mejoramiento en las condiciones de hábitat general, esto es vivienda, infraestructura sanitaria y saneamiento ambiental constituyen factores de importancia en las condiciones de vida y reproducción de los insectos y en la prevención de su acción, y por ende deben ser tenidos en cuenta. El drenaje de ríos y fuentes de acumulación de agua, el taponamiento de pozos en rutas y caminos, el mejoramiento en los sistemas de riego junto a el entubamiento de las tomas de agua y desagüe resulta indispensable.

Respecto a las condiciones sociales se hace necesario conocer y tener en cuenta las características de la población, sus hábitos y niveles de organización.

Se deben mejorar las condiciones de las viviendas en general y en cuanto a la provisión de cortinas y mosquiteros.

No se debe olvidar la necesidad de encarar planes de educación pública a fin de mejorar el conocimiento que se tiene sobre las condiciones de vida del insecto y las estrategias de manejo

Además, se deben encarar planes de investigación epidemiológica participativos, a fin de conocer los elementos constructores y destructores de salud, junto a la población más expuesta. Esto permitiría realizar una estratificación epidemiológica y clasificación en zonas de riesgos las comunidades afectadas. Como resultado de esta información se podrían encarar planes de vigilancia, prevención y control quizá con utilización de plaguicidas en los momentos de mayor riesgo y de oportunidad epidemiológica. También se podrían planificar y efectuar planes efectivos de vacunación

El manejo de las poblaciones de insectos debería incorporar al control biológico, en este caso investigando y utilizando hongos y bacterias.

La vida es lo más preciado que poseemos los seres humanos. La ocurrencia de muertes evitables indigna, genera temor e impotencia, no debe ser este el caso de continuidad con alternativas que se mostraron ineficaces en el pasado.

La aplicación aislada de plaguicidas fosforados o carbamatos es posible que resuelva la situación de manera parcial, en términos sencillos se envía el problema para adelante.

Se requiere tomar medidas ya, junto a la vacunación de las poblaciones mas vulnerables se necesita encarar planes sanitarios e investigaciones epidemiológicas coordinadas entre los países del Cono Sur.

En vez de enfoques puntuales y restrictivos se debe buscar la participación e la comunidad a fin de discutir, analizar y seleccionar las mejores alternativas, que seguramente no pasan por el uso indiscriminado de plaguicidas.

Hebe González. Red de Acción en Plaguicidas de América del Sur. Coordinadora por Paraguay

Javier Souza Casadinho. Red de Acción en Plaguicidas de América del Sur. Coordinador Regional

Rivadavia 4097 Marcos Paz Buenos Aires Argentina

0220 – 4772 171 cetaar2006@yahoo.com.ar

 
Falta gas pero sobra energía
Pablo Bertinat / Juan Salerno *

 

Rosario, 29 de febrero de 2008. Hemos asistido en estos últimos días, a partir de las reuniones de nuestra presidenta con los respectivos presidentes de Brasil y Bolivia, a un debate sobre la disponibilidad o no de gas boliviano para nuestro país.

Este debate nos muestra algunas caras de la problemática, entre ellas se revela la idea de que se profundizará la crisis a partir del incremento de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, en este caso gas. Argentina está extinguiendo sus reservas y necesitará importar cada día más. Desde 2001 a la fecha las reservas de gas de nuestro país cayeron un 40%.

Veamos también algunos otros datos, para tratar de explorar alternativas posibles a las políticas vigentes, a lo cual tanto se niegan nuestros decisores políticos.

En el 2006 el gas importado de Bolivia representó el 3,4% de la oferta total de gas de que dispuso nuestro país y un 3,9% de la oferta interna total1.

Si observamos además en qué se usa el gas en Argentina, veríamos que el 48% del total se destina a la industria y un 30 % al sector residencial.2

Ahora, para dar un ejemplo que explique porqué decimos que energía sobra, hace falta mirar la realidad y no sólo los negocios.

De los dos sectores mencionados arriba, el gobierno eligió privilegiar y asegurar el abastecimiento a los hogares, cortando en momentos de crisis el suministro a las grandes empresas, una decisión a la vez técnicamente posible, políticamente adecuada y socialmente razonable.

Por eso, concentrémonos en el sector residencial. El mismo consume el 30% del total del gas en el país. Cuando exploramos cómo se estructuran los consumos energéticos residenciales, podemos observar que aproximadamente el 25% de la energía usada en los hogares se destina al calentamiento de agua.3.

Haciendo cuentas rápidas, esto significa (el 25% del 30%) que el 7,5% del gas que se utiliza en Argentina es para el calentamiento de agua.

¿Se podrá hacer de otra manera? ¿Debemos seguir dependiendo de ese gas?

Si nos planteáramos utilizar el sol para calentar sólo la mitad del agua caliente de los hogares del país no haría falta importar el gas que hoy llega de Bolivia.

Estamos hablando de instalar masivamente colectores solares en los hogares, mediante los cuales se demostró ampliamente que es posible calentar el agua de uso sanitario hasta los niveles de temperatura de consumo, de modo que el gas requerido sea ínfimo o incluso nulo.

¿Es esto posible? Cientos y miles de experiencia acreditan que es totalmente viable. Recientemente, decenas de ciudades brasileñas aprobaron ordenanzas impulsando la incorporación de colectores solares para calentar agua en sus ciudades. Debemos también mencionar aquí, que en Rosario se presentó un proyecto de ordenanza similar, en el año 2005 y que se encuentra en algún lugar del concejo deliberante, a la espera de ser aprobado.

Ante este tipo de propuestas, muchas veces se anteponen argumentos económicos, sin embargo, no se ha discutido el hecho de que se está licitando en estos días un gasoducto (el GNEA, en el noreste argentino) que sería financiado totalmente por nuestro estado, a un costo estimado de 1880 millones de dólares para traer ese gas desde Bolivia, que no sabemos si estará disponible, y que tal vez no haga falta.

Ese monto alcanzaría posiblemente para incorporar colectores solares en casi 2.000.000 hogares argentinos.

Esto, si sólo se contempla el costo del gasoducto. Es decir, sin contar del costo del gas que compraríamos luego a través de él, y que debiéramos aclarar, se está pagando a Bolivia a un valor por metro cúbico más de cinco veces y media mayor al que pagamos en nuestros hogares por el gas natural, diferencia que sale del presupuesto nacional o sea de todos nosotros.

Pero además podríamos contar otros beneficios adicionales, como ser que los equipos podrían fabricarse en nuestro país, que esto generaría empleo, que haría falta desarrollar instaladores, mantenimiento etc., todo ello redundando en la posibilidad de generar empleo local.

Entonces, ¿falta gas?, sí, claro que falta. ¿Sobra energía?, sí, sobra energía del sol que no estamos aprovechando fundamentalmente por las anteojeras de querer resolver un problema con la misma lógica que lo causó.

Es necesario tomar medidas ya, no se trata sólo de un gasoducto si o no, se trata de pensar en la sustentabilidad de largo plazo, de poder construir un modelo de ciudad y de país, un modelo de consumo que garantice esa viabilidad en el largo plazo, que al mismo tiempo aporte en la lucha contra el cambio climático (al reducir las emisiones causadas por el uso del gas) y que permita desarrollar valores locales para resolverlo.

Pocas y felices veces una propuesta de solución a un problema puede además generar beneficios en otros terrenos, dar respuesta a otros problemas. Esta es una de ellas.

Sin duda, estas cosas se pueden y se deben decidir hoy, existe la madurez tecnológica, económica y social para hacerlo, sólo se necesita de un plan sostenido para generar otra realidad energética.

* Taller Ecologista / Docentes UTN

1 Fuente: Balance Energético Nacional 2006, Secretaría de Energía y elaboración propia

2 Ibid ídem

3 Bouille, D., 2007. Energía y pobreza: una mirada a los objetivos del milenio. Presentación en la Reunión Regional Ciencia, Tecnología y Sociedad III, Montevideo, junio de 2007.


 
Organizaciones socioambientales piden detalles sobre el nuevo sistema de gestión de residuos

 

Rosario, 12 de febrero de 2008. En el marco de la audiencia pública sobre el pliego de Higiene Urbana y Gestión de Residuos, las organizaciones socioambientales Taller Ecologista, La Comuna y Grupo Ecologista Génesis pidieron detalles sobre el funcionamiento del plan de separación de residuos en origen, el programa de educación y comunicación vinculado al mismo, el tratamiento de residuos peligrosos y tecnológicos, entre otros aspectos.

Las organizaciones presentaron observaciones y sugerencias para la redacción final del pliego, antes del tratamiento del mismo en el Concejo Municipal. Los aportes se realizaron bajo la mirada de planes integrales de gestión de residuos sólidos urbanos del tipo basura cero.

En este sentido la propia Municipalidad presentó el Plan Máxima Reducción y, a su vez, Rosario cuenta con un proyecto de ordenanza de Basura Cero que espera ser tratado en el Concejo Municipal.

“Actualmente Rosario cuenta con más de 3.000 contenedores que hacen que la ciudad esté más limpia y ordenada, pero esto no nos asegura el correcto tratamiento de nuestros residuos. También se han implementado programas de separación en origen, SePaRe puerta a puerta y SePaRe por contenedores, los cuales se inscriben dentro del plan Máxima Reducción, programa municipal que a la fecha no ha cumplido los objetivos declarados. Además, se han comenzado a erradicar los microbasurales, a través de los Puntos Verdes”, expusieron en la audiencia.

Para las organizaciones nada de esto permite afirmar que la ciudad genere menos residuos, o que reutilice o recicle un porcentaje significativo de los mismos. “La coherencia e integración entre un plan del tipo basura cero y el pliego es fundamental para lograr una gestión integral de los residuos”, detalló Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista.

“Entonces, considerando las falencias que ha tenido el actual servicio y todo lo que aún resta por hacer, y observando que no es posible inscribir los pliegos a un programa de gestión integral de los residuos sólidos urbanos; pedimos que se expliciten algunos aspectos que harán al nuevo sistema de recolección”, agregó Bianco.

Los pedidos

Para estas organizaciones es necesario que se expliciten cuál será el porcentaje de la población que quedará incluida en los planes de separación en origen, bajo las distintas modalidades propuestas por la Municipalidad. Y a su vez, que se dé cuenta de cuál será la situación del microcentro de la ciudad, que al parecer quedaría excluída de la recolección diferenciada, siendo ésta una de las zonas de mayor generación de residuos.

Por otro lado, es necesario asegurar la calidad de los residuos recuperables, producto de la separación en origen, en todo su recorrido hasta su destino final. Es decir, que no se realice en camiones compactadores como se presenta en el pliego.

En cuanto a los residuos peligrosos y tecnológicos, éstos no son mencionados en el pliego. No se prevé separación y recolección diferenciada para aquellos residuos peligrosos habitualmente presentes en los residuos sólidos domiciliarios (pilas, baterías, lámparas fluorescentes, envases de insecticidas, etc.) y tampoco de los residuos electrónicos. “Creemos que omitirlos es legitimar que los mismos terminen en un relleno sanitario. Por esto vemos necesaria la implementación de un plan específico de recolección diferenciada que los aborde, para lo cual sugerimos incorporarlos como una cuarta modalidad del programa SePaRe”.

También se piden detalles sobre el desarrollo del Programa de Relaciones con la Comunidad, al cual podrían estar asignado aproximadamente tres millones de pesos anuales. Un porcentaje de este presupuesto estaría destinado a las acciones de educación y comunicación del programa de separación en origen, siendo las mismas fundamentales para el fracaso o el éxito del plan.

Por último, las organizaciones instan a que la Municipalidad explicite claramente los actuales convenios con los organismos financieros, el Estado Nacional y ONGs que afecten y/o tengan vinculación con el sistema de gestión de RSU, como es el caso del proyecto de la Planta de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos e Inclusión Social.

Participación ciudadana

Es de destacar la participación de ciudadanos y vecinales de distintas zonas de Rosario, contándose más de 45 exposiciones que reflejaron diversas problemáticas en torno a la actual gestión de los residuos. Algunas temas recurrentes fueron la proliferación de microbasurales, los problemas de salud asociados a los mismos, la falta de cumplimiento de los pliegos de la licitación en vigencia y la necesidad de hacer un balance de la misma, las falencias del sistema de contenerización, la necesidad de campañas efectivas de información y educación con respecto a los programas de separación en origen y la gestión en general.

 

 

Las venas (cada vez más) abiertas de América Latina
Por Igor Ojeda Luís Brasilino

 

Del centro de América del Sur hacia los océanos. Del Pacífico, hacia el Atlántico. Del Atlántico hacia el Pacífico. No importa la dirección y el sentido. El destino será casi siempre lo mismo: el mercado externo.

Esa es la lógica de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), mega-proyecto que, como el nombre lo indica, tiene como objetivo la conexión vial, fluvial, marítima, energética y de comunicación del continente.

La IIRSA nació en agosto de 2000, en Brasilia, por decisión de 12 países suramericanos (sólo la Guayana Francesa no adhirió), en una cumbre presidencial que tuvo al ex presidente Fernando Henrique Cardoso como anfitrión. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el proyecto y todos los gobernantes aceptaron la sugerencia.

Extracción

“LA IIRSA obedece al modelo de liberalización de los mercados, privatización y extracción de recursos. El objetivo es el de acelerar la exportación de materias primas”, opina la mexicana Paulina Novo, coordinadora del Proyecto Biceca (Construyendo Consciencia Cívica Informada para la Incidencia y la Conservación en la Amazonia Andina, sigla en inglés), que realiza amplios estudios sobre la IIRSA.

Novo recuerda que, además de los numerosos impactos que los mega-proyectos pueden causar en el medioambiente y en las comunidades campesinas e indígenas (casi nunca consultadas o escuchadas de modo insuficiente), el proyecto, además de mantener la dependencia de América del Sur en relación con las naciones ricas, puede profundizar las asimetrías internas y regionales, pues abrirá las puertas para los productos brasileños en los demás países del continente. Brasil, a propósito, figura como el gran impulsor regional de la Iniciativa.

Privatización

La IIRSA prevé la ejecución de 507 grandes obras en 20 años, con una inversión total estimada de 70 mil millones de dólares. De estos, según Paulina, 21.2 mil millones de dólares ya están siendo invertidos en 145 proyectos.

Para el sociólogo Luis Fernando Novoa, de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, la iniciativa representa la etapa final de las reformas neoliberales llevadas a cabo desde 1990. “Los sectores económicos que sobreviven a los procesos de reestructuración son absolutamente dependientes de los mercados internacionales como proveedores, intermediarios o distribuidores. A contrapelo del trípode desarrollista de los años 1960/1970 (Estado, capital nacional y capital extranjero), lo que se prefigura en este tipo de proyectos es un organismo público-privado que operacionaliza y naturaliza la lógica del capital financiero y de los sectores privatistas, en nombre de la competitividad, de la productividad y del crecimiento”, agrega.

Seguridad jurídica


Para Novoa, la IIRSA debe ser encarada no como un proyecto en sí mismo, sino como “una metodología de traspaso de recursos naturales, mercados potenciales y soberanía a los inversionistas privados, en escala continental, con respaldo político y seguridad jurídica”.

En la página Web de la IIRSA (www.iirsa.org  ), se puede leer que la iniciativa tiene “como objetivo promover el desarrollo de la infraestructura en base a una visión regional, buscando la integración física de los países de América del Sur y conquista de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sostenible”.


Para Magnolia Said, presidenta del Centro de Investigación y Asesoría (Esplar), esto no es así. Según ella, el proyecto no fue pensado como propuesta de aproximación entre países y sus poblaciones, sino como incorporación y adaptación de territorios, de modo que estos puedan traer beneficios para los intereses del capital.

Endeudamiento

“Ninguno de los proyectos de infraestructura definidos para las áreas de mayor incidencia de recursos estratégicos tienen la visión de favorecer a las poblaciones pobres, ribereñas, indígenas, quilombolas y campesinas”, señala Magnolia, quien recuerda que un plan coordinado y financiado por el BID no puede traer como resultado el quiebre de la estructura de dominación.

De acuerdo con datos de Paula Novo, del Biceca, los gobiernos financiarán el 62,3% de los proyectos de la IIRSA. La iniciativa privada aportará el 20,9%, mientras el resto provendrá de instituciones financieras, como el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil.

Esto significa que incluso hay el riesgo de que la deuda externa de los países suramericanos se incremente. “La deuda no es sólo una cuestión financiera, sino, sobre todo, un instrumento político, pues garantiza la implementación de los intereses de las instituciones financieras multilaterales y de las grandes corporaciones, translatinas y transnacionales”, alerta Elisângela Soldatelli Paim, coordinadora de proyectos del Núcleo Amigos de la Tierra de Brasil.

Los ejes de exportación de la IIRSA

Para facilitar el reordenamiento territorial de América del Sur, la IIRSA divide el continente en diez ejes de integración. Muchas veces sobrepuestos e interrelacionados, las áreas abarcan prácticamente la totalidad de la región.

Además, vista en una perspectiva más amplia, se concluye que la IIRSA se conecta con el Plan Puebla-Panamá (PPP), proyecto semejante que tiene como objetivo “integrar” siete países de Centroamérica y el sur mexicano (para facilitar el paso, Colombia adhirió en 2006): es decir, junto con la IIRSA, el PPP reorganiza, desde la Tierra del Fuego hasta México, el espacio latinoamericano.

De los diez ejes de la IIRSA, cuatro se destacan como fundamentales, por sus riquezas naturales y posibilidades de conexiones: Amazonas, la Hidrovía Paraná-Paraguay, el Capricornio y el eje Andino.

Pacífico-Atlántico


La Amazonía es una región vital pues posee una gran cantidad de recursos naturales y alberga cerca del 40% de la biodiversidad del Planeta. Además, tiene entre el 15% y el 20% de toda la reserva mundial de agua dulce no congelada.

Además de los recursos, su principal “misión” es conectar los océanos Pacífico y Atlántico. Para tal fin, los proyectos de ese eje prevén la conexión de los puertos de Tumaco (Colombia), San Lorenzo, Esmeraldas, Manta (Ecuador) y Paita (Perú) con los puertos brasileños de Manaos y Belém.

El mejoramiento de puertos, de vías terrestres y la adecuación de vías marítimas están previstos o en curso. Los ríos, que casi siempre atraviesan comunidades tradicionales y parques naturales, son piezas claves: los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali, Amazonas (Perú), Napo (Ecuador), Putumayo (Colombia), serán los puntos de conexión con el río Amazonas brasileño.

Desfogue

El objetivo está claro. Además de cinco salidas de Brasil al Pacífico (donde están mercados como China, Corea del Sur y Japón), de la posibilidad de explotación de los recursos naturales de la región y de una mayor facilidad para la exportación de productos de los países andinos a Europa, el nuevo corredor sería una excelente alternativa al Canal de Panamá. Gonzalo Varillas, de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental de Ecuador (Ecolex – Ecuador) estima que, mientras una embarcación se demora, debido a la congestión, en promedio 40 días para atravesar este último, para cruzar el nuevo “canal” le llevaría cerca de 12 días.

En cambio, el eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay pretende, a través de 3.442 kms navegables, conectar Cáceres, en el estado del Mato Grosso, con Buenos Aires, en Argentina, a la orilla del Río de la Plata.

Según el estudio sobre la IIRSA “Territorialidad de la Dominación”, elaborado por Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, la mencionada hidrovía tiene como meta facilitar el desfogue de productos de Paraguay y, sobre todo, de los estados brasileños del Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y São Paulo.

Vale recordar que en el área se encuentra el pantanal más extenso del mundo. La adecuación de las vías marítimas para agilizar el transporte puede causar graves daños al sistema.

De acuerdo con el mismo documento, existe la posibilidad de interconexión de esa hidrovía con la Paraná-Tieté – conectando Buenos Aires y São Paulo – y con la hidrovía del Complejo del Río Madera. Como el Madera desemboca en el Amazonas, se puede crear una inmensa hidrovía conectando Belém, en el Pará, con Buenos Aires.

Recursos


Otro eje que se destaca por sus riquezas naturales es el Capricornio. En él, se encuentra el gas boliviano, el petróleo de Bolivia y de Argentina, los metales de Chile y de Argentina, etc. El área cuenta con 16 proyectos viales y nueve ferroviarios, buscando, según el estudio del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, servir al sector agropecuario e industrial de Mato Grosso do Sul y São Paulo.

El eje Andino, que engloba Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, es uno más que alberga numerosos recursos, como petróleo, gas, biodiversidad, minerales (hierro, bauxita, cobre), etc.

“Esta franja tiene un interés fundamentalmente extractivo. Sin embargo, su riqueza energética podría atraer inversiones en industrias pesadas, muy consumidoras de los mismos, y también muy contaminantes, como la siderúrgica y la metal-mecánica”, señala el texto de Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto.

Un proyecto a medida de las transnacionales brasileñas

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugirió. Los países suramericanos aceptaron. Brasil aprovecha. La IIRSA, aunque ha sido concebida para beneficiar a los mercados de los países ricos, está siendo ejecutada, sobre todo, para favorecer a los sectores económicos brasileños.

“EL BNDES y las empresas transnacionales brasileñas son algunos de los principales actores en la implementación de la IIRSA”, analiza Ricardo Verdum, del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), para quien el país busca “el desfogue de su producción y el acceso a los recursos que son de interés de su sector industrial”.

“La internacionalización subordinada del continente suramericano se entrecruza con una regionalización activa de los capitales de origen nacional o asentados en Brasil, con hegemonía del agronegocio y sectores de servicios bajo control o con fuerte participación del capital extranjero”, explica el sociólogo Luis Fernando Novoa, de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales.

Imposición

Según Novoa, ahí se explica la prioridad de la IIRSA en proyectos de interconexión entre el Atlántico y el Pacífico, puerta de entrada para los mercados asiáticos en franco crecimiento.

Para hacer prevaler sus intereses, Brasil aprovecha el gran poder político y económico que posee en la región para “imponer” los mega-proyectos a los demás países. “Brasil actúa con la frialdad de un negociador, en la defensa de sus intereses de sub-imperio y de los intereses de gobiernos aliados, especialmente, el gobierno estadounidense. Actúa considerando la Amazonia, el Pantanal y los Andes como obstáculos para el desarrollo”, lamenta Magnolia Said, presidente del Centro de Investigación y Asesoría (Esplar).

Uno de los ejemplos de la fuerza político-económica del Brasil es el proyecto hidroeléctrico de Garabí, localizado en el río Uruguay, en la frontera entre la provincia argentina de Corrientes y Rio Grande do Sul.

“Este fue propuesto en la década de 1980 y estuvo paralizado por la fuerte oposición de las poblaciones ribereñas. Tras la posesión de Cristina Kirchner, en Argentina, el gobierno Lula reanuda fuertemente las negociaciones. Actualmente, esa hidroeléctrica integra la IIRSA, y viene siendo discutida por los dos gobiernos a puerta cerrada, sin que nadie en la región sepa lo que va a acontecer con el Río Uruguay”, explica Elisângela Soldatelli Paim, coordinadora de proyectos del Núcleo Amigos de la Tierra de Brasil.

PAC e IIRSA

En ese contexto, otro elemento importante a considerarse es el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), y su relación con la iniciativa propuesta por el BID.

“EL PAC es un complemento nacional de la IIRSA. Hay una serie de obras que están en el primero que están también de la segunda. Y hay otras que no están en la IIRSA, pero que tienen conexión con el proceso de integración de las infraestructuras, sobre todo vías e hidrovías”, esclarece Ricardo Verdum, del INESC.

Presentado por el gobierno Lula como el gran promotor del crecimiento de la economía brasileña para los próximos años, el plan prevé una inversión de 290 mil millones de dólares entre 2007 y 2010.

Sin embargo, para Elisângela, la lógica del nuevo programa, lejos de promover el desarrollo, es la misma de la IIRSA, es decir, “crear la infraestructura necesaria para garantizar la explotación de los bienes naturales y de las poblaciones a cualquier costo”.

Río Madera


De esta forma, grandes obras que oficialmente están fuera de la IIRSA estarían íntimamente relacionadas a ella, como el caso del trasvase del Río São Francisco. “Los ejes [del trasvase] fueron escogidos para viabilizar las condiciones necesarias para el avance del agronegocio en la región y la integración a los mercados internacionales”, señala Magnolia, del Esplar. Las conexiones con los puertos del Pacífico le caerían como anillo al dedo.

Otro mega-proyecto considerado como esencial dentro del PAC, pero que también es prioritario para la IIRSA, es el Complejo del Río Madera, que forma parte del eje Perú-Brasil-Bolivia. Con un presupuesto de 16 mil millones de dólares, la obra, en la frontera con Bolivia, prevé construir cuatro centrales hidroeléctricas y una hidrovía.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que su objetivo es favorecer a los grandes grupos económicos dotándoles de energía barata y que el proyecto causará enormes daños ambientales y sociales.

Entre los efectos previstos, están la inundación de tierras de comunidades bolivianas e impactos en los ríos de la región. Según el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo, el 95% del caudal total de los ríos bolivianos fluyen por el Río Madera, que es también la principal fuente de desfogue de los sedimentos en suspensión y sólidos disueltos de la cuenca hidrográfica. Las represas, si se construyen, provocarían una reducción del caudal y del nivel de sedimentación.

Presidentes de izquierda adhieren a la IIRSA

Uno de los aspectos que más llama la atención en la IIRSA es la adhesión de gobiernos progresistas a sus proyectos, como el de Hugo Chávez, de Venezuela, Rafael Correa, de Ecuador y Evo Morales, de Bolivia, conocidos por promover modelos alternativos de integración.

“Esos gobiernos están cuestionando algunos detalles del modelo neoliberal, pero aún están atrapados en el ‘desarrollo económico' predatorio de los bienes naturales y de las poblaciones. La cuestión es que el modelo capitalista neoliberal de producción y consumo que depende y provoca la explotación de la naturaleza y de sus pueblos no está siendo combatido en sus estructuras”, manifiesta Elisângela Soldatelli Paim, coordinadora de proyectos del Núcleo Amigos de la Tierra de Brasil.

El Ecuador de Rafael Correa, por ejemplo, está insertado en dos importantes ejes de la IIRSA: en el Amazónico y en el Andino. Entre las diversas obras previstas para el país, se destaca el proyecto Manta-Manaos, una de las conexiones entre los puertos del Pacífico con el río Amazonas, en Brasil, excelente alternativa al Canal de Panamá.

Daños socio-ambientales

La conexión contaría con un trecho terrestre, entre Manta y el río Napo, en Ecuador, y un trecho fluvial, del Napo al río Amazonas. “Para el efecto, se realizan inversiones en puertos, carreteras, aeropuertos y ríos, para que estos se vuelvan navegables”, explica Gonzalo Varillas, de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental de Ecuador (Ecolex – Ecuador).

Cuando decimos inversiones, también nos referimos a las asociaciones con la iniciativa privada. En noviembre de 2006, el gobierno ecuatoriano cerró un acuerdo de concesión de 30 años con la empresa Hutchison Port Holdings, de Hong Kong, para la construcción y operación de un terminal de contenedores en el puerto de Manta.

Además, cabe indicar que en la ejecución del proyecto Manta-Manaos (que, según Varillas, será financiado sobre todo por el BNDES), las construcciones de carreteras y puertos fluviales en territorio ecuatoriano no obedecen a criterios sociales y ambientales.

Hay trechos de carreteras que pasarán por parques nacionales, como el Llanganates, mientras el puerto de la localidad de Belén es construido en las márgenes de la Reserva Biológica de Limoncocha y del Parque Nacional Yasuní, considerado una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta y hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Cambios desiguales

Sin embargo, para Varillas, la inclusión de Ecuador en la IIRSA traerá otro efecto: la continuación de la dependencia económica. “El modelo de desarrollo agro-exportador se mantendrá y se profundizará”, prevé. En las relaciones comerciales con Brasil, por ejemplo, Varillas enumera el tipo de intercambios comerciales que se desarrollarán. El país andino importará bienes como piezas electrónicas, vehículos, medicamentos, acero, equipamientos industriales y tecnología, mientras exportará derivados de petróleo, camarón, plátano, flores, cacao y zumo de maracuyá.

En cambio, los riesgos para Bolivia, de acuerdo con organizaciones sociales del país, a más del Complejo de Río Madera, están relacionados con las carreteras. “En el contexto de la IIRSA, Bolivia cumplirá el papel de país de tránsito, prestador de servicios y proveedor de energía”, opina Vivian Pereyra, del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade). Para ella, el país asume los costos de las carreteras para facilitar el tránsito de mercancías extranjeras. En relación a la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, que forma parte del corredor bio-oceánico recientemente firmado por Brasil, Bolivia y Chile, la Organización Indígena Chiquitana (OICH) denuncia que el trecho atraviesa territorios de pueblos indígenas, entre ellos el chiquitano.

Integración

Según la entidad, 400 millones de dólares se gastarán en la construcción de la vía, mientras están reservados 26,5 millones de dólares para la mitigación de impactos socio-ambientales. La carretera provocaría daños a parques naturales y pantanales de la región.

De acuerdo con Máximo Liberman, gerente socio-ambiental de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todo el procedimiento para la construcción de las carreteras se basa en consultas públicas.

Refiriéndose a la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, Liberman garantiza que “todas las comunidades y grupos indígenas que están a lo largo del eje de la carretera la aceptaron y la avalaron”.

Según Liberman, las compensaciones se realizan en forma adecuada y hay un esfuerzo para minimizar los impactos ambientales. Con relación a la crítica al papel de las carreteras, justifica: “evidentemente, esas carreteras favorecerán a Brasil, pero, por otro lado, contribuyen a la integración de nuestro territorio. Bolivia también necesita desarrollar su territorio y exportar sus productos”.

En Perú y en Colombia, el neoliberalismo se profundiza

Si el apoyo de presidentes progresistas a los proyectos de la IIRSA causa extrañeza, la plena adhesión de gobiernos de derecha es vista como obvia. Uno de los ejemplos es el Perú del presidente Alan García.

Por su localización geográfica, es una de las naciones esenciales de la iniciativa, formando parte de cuatro ejes: Andino, Amazónico, Perú-Brasil-Bolivia e Interoceánico. Siendo el país del continente con la más débil legislación en relación al medioambiente y a los pueblos originarios, Perú cuenta con 78 proyectos de la IIRSA, con una inversión total de más de siete mil millones de dólares, de acuerdo con organizaciones locales.

“La política del actual gobierno no es otra que profundizar y avanzar en los procesos del neoliberalismo. Un Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en el último gobierno, y el actual viene respaldándolo, además de estar tomando un conjunto de medidas para favorecer las inversiones de las transnacionales y protegerlas. En ese contexto, está la IIRSA”, explica el peruano Miguel Palacín, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Deuda

La conexión de Brasil con el Pacífico está garantizada con tres proyectos de carreteras y vías marítimas transamazónicas. Una de ellas es la Carretera Interoceánica, que conectará los puertos peruanos con Porto Velho, en Rondônia, pasando por Río Branco, en Acre. Se estima que la carretera, que pasará por áreas de gran biodiversidad y por territorios indígenas, dejará una deuda de mil millones de dólares.

En la Colombia de Álvaro Uribe, principal aliado de EE UU en la región, una de las estrategias para adecuarse a la IIRSA fue, desde el principio de la década, la de modificar las leyes para garantizar la participación privada en los proyectos.

“Existen unos documentos que el Consejo Nacional de Política Económica y Social produce que regulan de manera específica ciertos temas. Entonces, en todos los documentos que salieron en los últimos años se dice de forma muy clara que hay que promover la participación del sector privado”, revela la colombiana Carolina Salazar, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).

Otro ejemplo es el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 que, según Carolina, contiene una política evidente de exportación. “Pero, basándonos en la historia, sabemos que no se van a vender muchos productos pero si van a venir muchos más”, vaticina.

(Traducción ALAI)

- Igor Ojeda es corresponsal de Brasil de Fato en La Paz, y Luís Brasilino es periodista de Brasil de Fato.


http://alainet.org/active/22121

 

 

Las bicicletas públicas están llegando a Buenos Aires
Por el Arq. Manuel Ludueña

 

En más de 107 ciudades correspondientes a 23 países se han establecido, y se están estableciendo, sistemas de transporte público de bicicletas. Hay un crecimiento exponencial en el número de ciudades que implantan las bicicletas públicas, así como en el número de bicicletas y estacionamientos que se disponen en cada nuevo lugar. “El sistema es tan nuevo que todos estamos aprendiendo todavía. Lo que está claro es que ahí donde se introduce se convierte en un éxito inmediato”, declaró recientemente Pascal Chopin, Director europeo de JCDecaux, uno de los operadores más experimentados.

Las bicicletas para uso público son formas innovadoras de alquiler oneroso o gratuito en un sector urbano o en toda la ciudad. Fácilmente accesibles, estas bicicletas pueden ser utilizadas para la movilidad diaria. Ya están integradas en el sistema de transporte público de varias ciudades de países como Francia, Alemania, Noruega, Holanda, Italia, Dinamarca, Bélgica, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Luxemburgo, Austria, Checoslovaquia, Rumania, Canadá, Finlandia y España. La aplicación de un régimen público de bicicletas de manera rápida, conveniente, flexible y sostenible es, además, una opción de bajo costo como transporte urbano. La experiencia internacional, básicamente europea, indica que se alienta y motiva la intermodalidad –especialmente con el ferrocarril y el subterráneo-, pero siempre requiere adoptarse una política que promueva la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como modo de transporte público individual, y debe también ir acompañada por una serie de medidas complementarias de promoción del uso de las bicicletas.

Las actuaciones en favor de la bicicleta como herramienta de movilidad cotidiana y vehículo para la recreación, el deporte y el turismo, además de beneficiar a sus usuarios directos, debemos entenderlas como un elemento clave para la equidad y la comunicación social por el incremento de la libertad y la autonomía de las personas, por disminuir el impacto ambiental de la movilidad, por reforzar la salud de las personas y por potenciar el disfrute personal y del entorno. Una sociedad con un mayor uso de la bicicleta puede ser una sociedad más saludable, más habitable y más responsable con relación a las generaciones futuras, tal como sucede en Holanda, donde hay 18 millones de bicis para 16 millones de habitantes y en Copenhague, donde un tercio de la población va en bici al trabajo y a estudiar.

Ventajas sobre ruedas

La bicicleta no contamina, es silenciosa, ocupa poco espacio, proporciona libertad de movimientos y, en distancias cortas y medias (entre 3 y 5 kilómetros) en la ciudad, es el vehículo más rápido.
No representa un gasto adicional de energía y con una cuarta parte de las calorías que consume
un peatón puede alcanzar una velocidad entre tres y cuatro veces superior. Su mantenimiento es sencillo y económico y permite, a su vez, el ejercicio físico simultáneo al desplazamiento, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En la ciudad, ¿quién es el más rápido?

  Barcelona Madrid
Ranking Minutos Minutos
1. Bicicleta 17 26
2. Moto 18 28
3. Taxi 20 36
4. Transporte Público 30 53
5. Automóvil 33 37
6. A pié 39 72

Barcelona: distancia recorrida 3,6 km el 21 de mayo de 2002, 11.30 horas.
Madrid: distancia recorrida 7,8 km el 26 de noviembre de 2001, 17.30 horas.

Sistemas de bicicletas públicas

Los sistemas de bicicletas públicas que demostraron funcionar mejor tienen diferentes formas de implementación. Los primeros, a fines de la década del 60, tuvieron una tecnología simple pero eran susceptibles de robo. Los sistemas contemporáneos son más sofisticados y diversificaron sus modos de gestión, de comercialización y la tecnología aplicada (“Smart bikes”).

Los casos más característicos son:

· Call a bike (en muchas ciudades de Alemania): son bicicletas individuales estacionadas libremente en un espacio público, check-out por móvil, con tarifa de uso por minuto, respaldada financieramente por el operador de trenes “Deutsche Bahn”;

· Vélo à la Carte (Rennes, Francia) y Vélo’v (Lyon, Francia): son bicicletas disponibles en estacionamientos fijos ubicados en distintos lugares del área central de las ciudades, accesibles por medio de una “smartcard”, de libre uso o tarifa muy baja, gestionadas entre empresas de publicidad exterior (Clear Channel, JCDecaux) y supervisadas por el municipio;

· OV-Fiets (Países Bajos): son bicicletas accesibles en muchas estaciones de trenes por medio de una “smartcard como extensión del viaje en tren”, implantadas con el apoyo financiero del sector público.

Holanda, el precursor

El antecedente histórico de las actuales iniciativas para instalar bicicletas en el espacio público se encuentra en las famosas White Bikes(Bicicletas Blancas) que los “provos” holandeses, jóvenes anarquistas cuyo lema principal era la necesidad de eliminar el trabajo, propusieron en agosto de 1964 para ofrecer nuevos modos de vida. Los provosquerían conseguir que Ámsterdam fuera una “ciudad sin autos” y para ello propusieron cerrar al tránsito al núcleo urbano de la ciudad e instalar en él 20.000 bicicletas a disposición de los ciudadanos. Luud Schimmelpenninck, joven provo de entonces, diseñador industrial después, retomó su idea de los ´90 y la desarrolló como un sistema informatizado que, a través de una tarjeta magnética, permite a los usuarios elegir una bici en un lugar y dejarla en otro. Llamó al sistema Depo/white bikey en 1998 trató de ponerlo de nuevo en marcha en Ámsterdam sin que, una vez más, las cosas le fueran favorables. Sin embargo, es la base técnica y conceptual de los sistemas de préstamo de bicicletas adoptados por las dos grandes empresas multinacionales de publicidad exterior, Clear Channel y JCDecaux, comercializado con los nombres de SmartBike y Cyclocity, respectivamente, y adaptado como Bicing en Barcelona, Sevici en Sevilla, Vélib’ en París, y Bysykkel en Oslo, entre otros.

El sistema que ofrecen Clear Channel y J. C. Decaux a los usuarios es prácticamente idéntico y la diferencia consiste más bien en el tipo de contrato de rentabilización del servicio que contraen con los distintos ayuntamientos. Básicamente, el sistema consiste en una red de estaciones de anclaje distribuidas por la ciudad en las que se sitúan las bicicletas para su uso. Los usuarios han de estar abonados al servicio y poseer una tarjeta magnética unipersonal -unida a su tarjeta de crédito- a través de la cual se activa el sistema que le permite elegir una bicicleta en una estación y dejarla en cualquier otra de la red. El servicio está pensado para realizar trayectos cortos y combinarlo con otros medios de transporte. La primera media hora es gratuita y por cada 30 minutos adicionales se carga una cantidad al usuario. El tiempo máximo que se puede utilizar la misma bicicleta es de dos horas. Clear Channel ofrece la instalación y el mantenimiento de la red de bicicletas en las ciudades mediante acuerdos económicos, mientras que J. C. Decaux lo hace a cambio de la explotación de espacios de publicidad.

Desde 1995, funciona en Copenhague un sistema similar al de los supermercados (dejando una moneda en depósito) y en las principales ciudades alemanas, Munich y Berlín, se viene implantando desde 2001 el modo Call a Bike que activa la bici para su uso mediante una llamada de celular. En España, país vislumbrado como “nueva Holanda”, las primeras ciudades que -a pequeña escala y de forma gratuita- pusieron bicicletas en sus calles fueron Córdoba en 2003, y Vitoria y Gijón en 2004. En la actualidad, las ciudades españolas en las que funciona un servicio de bicicletas, o se encuentra en fase de proyecto avanzado o de prueba piloto, asciende a 50. En este contexto, la Agencia de la Energía y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) han suscrito un convenio marco de colaboración para la puesta en marcha de una experiencia piloto dirigida al fomento de la movilidad sostenible. La misma consiste en la elaboración de un plan de transporte para los trabajadores, la puesta en marcha de u